¡Qué desgracia! Con esa expresión me respondió un amigo abogado al comentar la selfie celebratoria de los 18 detenidos que luego de la audiencia de flagrancia, por transporte de armas y asociación ilícita, fueron puestos en libertad el jueves por el juez José Torres, que les concedió medidas sustitutivas, y que por las declaraciones que ha dado más parece su defensor.

Los 18 presuntamente daban seguridad a alias Joselo, supuesto líder de la banda Los Lagartos, quien sobrevivió a un intento de asesinato el miércoles cuando iba con su familia en un vehículo blindado que fue baleado con alrededor de 60 disparos en una plaza comercial de Daule. Al tratar de ingresarlo en una clínica del sur de la ciudad se produjo un enfrentamiento a bala con quienes intentaban “rematarlo”, por lo que no fue admitido en esa casa de salud y lo llevaron a otra que tampoco lo recibió por la presencia de la nutrida escolta armada, siendo luego ingresado en el hospital Luis Vernaza, en cuyo estacionamiento se produjo la detención de sus 18 acompañantes que se movilizaban en tres carros en los que se encontraron armas y dinero en efectivo.

“Lo que avanzamos con la Policía muchas veces lo retrocedemos con el sistema de injusticia”, refirió al respecto el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, reconociendo que se necesita fortalecer el sistema de justicia para que esté a la altura del trabajo que está haciendo la Policía Nacional atrapando delincuentes.

El Consejo de la Judicatura de Guayas reaccionó con un tuit: “@CJGuayas reitera el permanente llamado a jueces en sus nobles y delicadas funciones y deberes que siempre deben estar orientadas a fortalecer la paz social”. ¡Y a otra cosa, mariposa!

En medio de ese jaleo, el jueves a plena luz se dio en Daule el secuestro de un empresario y su chofer, que horas después fueron rescatados con intervención de la Unase.

Los ciudadanos ven la suma de esas atrocidades y otras recientes –como ataques con explosivos, extorsiones a los dueños de negocios pequeños, masacres carcelarias, cadáveres exhibidos en puentes, sicariatos por montón, capturas de toneladas de droga o cientos de miles de niños y jóvenes víctimas del micronarcotráfico–, pero no ven que los políticos de UNES, PSC, PK, ID, etcétera –que sí se juntan en torno a otros temas afines–, hagan un frente común con el Gobierno para combatir a las mafias que tienen miles de integrantes y han contaminado con el dinero sucio de sus actividades delictivas a instituciones y organismos, sino que prefieren hacer aspavientos y poner condicionamientos para colaborar en contra de la delincuencia. Se esperaría que al menos muestren un poquito de asco o reproche por juntarse con quienes utilizan la actividad política y sus cargos para facilitar la acción de supuestos empresarios involucrados en tramas de corrupción, asesorados por abogados para dar un cariz de aparente legalidad a dineros producto de la delincuencia organizada con la compraventa de bienes o accediendo a contratos públicos que, a decir de un alcalde, brindan facilidades y tienen los documentos en regla. Se nota que los cálculos se imponen. (O)