“La Policía es una de las instituciones con las que una sociedad debe convivir mediante relaciones complejas, contradictorias, incómodas. Desarrollada históricamente para proteger a las clases poseedoras de los peligros ocasionados por las ‘clases peligrosas’ y a la sociedad en su conjunto de la criminalidad. La institución posee una tendencia bastante generalizada a desarrollar formas variadas de delincuencia y corrupción. Su papel de ‘Estado en las calles’ la hace especialmente vulnerable a un sinfín de tentaciones. Su relación directa con el crimen y el delincuente, los habitualmente malos salarios de los agentes, la escasa valoración social que la ciudadanía le concede, y el hecho de circular armada y con poder frecuentemente incuestionable en medio de la gente del común, son fuentes casi insalvables de desviación de sus funciones legales”.
Esta introducción que hace el sociólogo colombiano Álvaro Camacho Guizado en su publicación: La reforma de la policía colombiana ¿esperanza o frustración?, es lo que sería el diagnóstico de cualquier policía del mundo y obviamente de la nuestra.
La penetración del crimen organizado en filas policiales desgraciadamente se ha visto reflejado en malos elementos que han sucumbido ante la oferta de dinero fácil de los narcotraficantes, esto le hace mucho daño a la imagen de la institución.
Existe un gran negocio en la compra y venta clandestina de armas, esto ha facilitado que las bandas criminales adquieran todo tipo de armamento; ante esa amenaza, hay voces de angustia de un segmento de la sociedad que exige armarse, pero eso no es la solución, al contrario, una sociedad armada se vuelve más insegura; está comprobado que los hechos de violencia se multiplican al tomar esta medida.
La administración de la justicia está severamente cuestionada, de fácil manipulación y está politizada, con jueces que se someten a las mafias y que imparten fallos cuestionados, ha hecho que se desprestigie más y crezca la desconfianza ciudadana.
Es necesario y urgente que los organismos que constituyen el Estado (Gobierno, Asamblea, Justicia, empresa privada, la academia, organizaciones gremiales, gobiernos seccionales, ciudadanía, etc.) se unan, bajo un solo objetivo, con el liderazgo del Gobierno, que genere confianza y credibilidad, que no se diluyan los esfuerzos en acciones dispersas y que sean contundentes y firmes. Que las fuerzas del orden se depuren y los malos elementos sean eliminados y entregados a la justicia. Que se les dote del armamento adecuado y del equipo necesario para exigirles resultados; que se pida urgente apoyo a los países que están involucrados en este grave problema, sobre todo los de mayor consumo de droga; igual, a los Gobiernos de Colombia y Perú exigir que asuman sus responsabilidades en sus respectivas fronteras. Que la Asamblea revise las leyes que ahora solo benefician a la delincuencia. Que el sistema carcelario sea manejado por expertos, que los guías penitenciarios sean seleccionados y preparados rigurosamente. Que las provincias de las fronteras –norte y sur– reciban urgente la atención del Estado para poder tener fronteras seguras. (O)
