Luego de la afirmación que hizo el presidente de la República respecto de que la protesta indígena estuvo financiada con dinero proveniente del narcotráfico, se mencionó que era un error que el mandatario realice ese tipo de conjeturas si no tiene pruebas suficientes que sustenten tan seria acusación, de que se demuestra con tal generalización que su afán es desprestigiar la protesta social y que lo único que se consigue con ese tipo de declaraciones es resquebrajar el poco sentido de cohesión social que existe en el país. Pero respecto de lo que debería ser la preocupación principal, es decir la posibilidad de que efectivamente existan recursos del narcotráfico para avivar la protesta social, ¿es preferible no opinar?

Hay factores adicionales que impiden una lectura sin prejuicios del tema, tales como la cuantificación real del costo de una movilización como la que se dio en nuestro país el mes pasado, el apoyo económico que recibe la dirigencia indígena de parte de fundaciones y ONG con visos de legalidad, la dificultad de identificar la ruta del manejo de ese dinero sucio en una protesta social, así como otros elementos que quitan credibilidad al argumento de que existe financiamiento del narcotráfico para este tipo de demostraciones sociales. En ese contexto resulta también evidente que cualquier mención que se realice respecto de ese financiamiento irregular debe estar vinculado a pruebas categóricas que respalden tal aseveración, pues de lo contrario serían básicamente presunciones que hay que tomar en cuenta por supuesto, pero que no determinan las responsabilidades definitivas que se requieren.

Colombia cuenta, debido a su problemático historial con el narcotráfico, con referencias más claras de cómo funciona la financiación del narcotráfico en momentos de protesta social, estableciendo de igual manera las razones e intereses que tiene el narcotráfico de generar caos y anarquía, tergiversando el significado de la protesta social; en las protestas del año pasado en Colombia se llegó a identificar incluso tarifas diferenciadas que permitían promover la violencia en los centros urbanos dependiendo del objetivo, una tarifa para bloquear la vía pública, otra para incitar saqueos, escenario que posiblemente se dio también en nuestro país. También en Colombia se ha precisado el objetivo en promover el caos por parte del narcotráfico en virtud de la oportunidad que significa que la fuerza pública esté concentrada en los focos de violencia, permitiendo que las rutas para sacar drogas “permanezcan despejadas de militares o, por lo menos, con mucho menos vigilancia”.

Naturalmente, y tal como ocurrió con la respuesta que dio la dirigencia indígena, los responsables del paro en Colombia indicaron que el supuesto financiamiento por parte del narcotráfico es un disparate, y que esa mención es solo un intento más de deslegitimar la protesta social. Si anteriormente y con claros intereses políticos el dinero del narcotráfico ha servido incluso para financiar campañas electorales, la posibilidad de que esos recursos sirvan también para financiar la protesta social es totalmente fundamentada. Tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. (O)