Después de ver la noche del miércoles las escenas de ancianitos haciendo enormes filas en las veredas para poder vacunarse, de escuchar el relato de Alfonso Espinoza de los Monteros sobre las cinco horas que tuvo que esperar hasta ser vacunado, de recordar que el anterior ministro de Salud anunció una cantidad increíble de vacunados en cortísimo tiempo, lo cual, a leguas, no era creíble, decidí escribir este artículo para destacar algunos elementos que deben gobernar la administración pública. En Europa la Carta Europea de los Derechos Fundamentales establece el derecho a la buena administración pública. Nosotros tenemos ese derecho en el Código Orgánico Administrativo, así como contamos con varios principios constitucionales como los de eficiencia, eficacia y evaluación. Para trabajar bien hacia afuera es necesario trabajar bien hacia adentro. La Ley de la Contraloría exige en el artículo 9 el control interno, como un proceso que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. En él ocupan un papel estelar la planificación, el análisis de los riesgos, las medidas que hay que tomar para enfrentarlos, etcétera. Es esto exactamente lo que no se visualiza en algunas instituciones públicas. El COVID-19 ha sido un típico caso fortuito, y sus efectos siguen sorprendiéndonos, pero su vacunación es un proceso planificado cuyos graves defectos, especialmente respecto de ancianitos, no tiene perdón. La eficiencia institucional exige anticiparse a los posibles hechos que pueden afectar el servicio público, y la eficacia exige no poner en riesgo los resultados. ¿De qué sirve contar con las vacunas suficientes si como Estado no podemos gobernar bien su ejecución? Hace unas semanas la televisión informaba que no había disponible un tipo de vacunas para niños, hecho que, como otros, refleja que en múltiples casos no se cumple el derecho a la buena administración pública. Servir con objetividad al interés general es una imposición jurídica, pero sobre todo un acto de conciencia. El presidente dijo hace unos días que el plan de vacunación contra el COVID-19 podía estar en la mente del ministro de Salud de la época. El ministro que acaban de sacar (no hacía falta decir públicamente que le habían pedido la renuncia) había generado buena impresión. Creo que cometió un error impropio de una buena gerencia: descabezar la institución justo por los malos resultados. El remedio pudo ser peor que la enfermedad. El nuevo gobierno debe hacer una reingeniería total del Ministerio de Salud. Los ancianitos quedaron en total indefensión ante la negligencia del equipo de trabajo a cargo de la vacunación. Para que los derechos se materialicen es necesario remover los obstáculos que lo impiden, y por supuesto no aprobar leyes que por combatir la corrupción vulneren derechos esenciales, ni matar la voluntad popular por apreciaciones subjetivas. Hay que servir con objetividad el interés general. No hay ministerios ni instituciones malditas. Sólo gente que trabaja bien, mal o pésimo. El nuevo gobierno debe armar sus cuadros con gente calificada. La buena administración así lo exige. (O)