El Ministerio Público y CICIG develaron que algunos partidos políticos de Guatemala recibían financiamiento ilícito en tiempos de campaña electoral; de tal suerte que si llegaban a gobernar ya habían comprometido el futuro del país con mafias. Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, dijo que “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia en Guatemala”, así los partidos políticos no son instituciones realmente democráticas.

Y justamente, por haberse llegado al corazón de la corrupción con el apoyo de la CICIG, algunos sectores afectados en sus intereses reaccionaron contra ella, hasta obtener su expulsión; y, al mecanismo más exitoso en la historia del país en materia de justicia. La CICIG demostró la eficacia de una Comisión Internacional de lucha contra la corrupción e impunidad, actuando en alianza con fiscales independientes, auspiciados por ONU y apoyada en la sociedad civil.

El mayor legado de CICIG, más que los casos que investigó y procesó, fue haber despertado la conciencia ciudadana, lo que la historia nacional registra como un pequeño espacio de primavera democrática, pese a la desinformación, las amenazas contra fiscales, exfiscales y hasta su criminalización, incluidas dos exfiscales generales mujeres, jueces, una exjueza, una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, de expertos investigadores y técnicos nacionales e internacionales. Muchos estigmatizados, otros en el exilio (más de diez exiliados en Estados Unidos).

A cualquier país con sed de transparencia le serviría el modelo CICIG.

En Guatemala y en la región apenas se ha iniciado la lucha.

La CICIG demostró que la corrupción es sistémica, honda, enraizada en un sistema complejo, de redes político-económico ilícitas, dentro y fuera del gobierno. Tiene décadas y puede perdurar más dentro del Estado. Que la corrupción no es ocasional ni aislada. No es excepcional: ¡es la regla!

La acción de la CICIG probó que su mecanismo castiga a poderosos del crimen organizado y a otros grupos también poderosos; y que es un estorbo a la lucha anticorrupción, perjudica la economía e impide la satisfacción de necesidades básicas de la población pobre.

La CICIG fue un experimento exitoso y los guatemaltecos en su mayoría intuyeron la importancia del trabajo realizado. Otros pocos, pero poderosos, lo negaron con argumentos inconsistentes o deleznables.

En la gestión de las dos fiscales generales que dirigimos al Ministerio Público hasta mayo de 2018, nunca mezclamos investigaciones con intereses políticos. Puedo decir lo mismo de los comisionados al frente de la CICIG. Fuimos leales a las investigaciones y a los anhelos de justicia de la población. Más aún cuando la lucha contra la corrupción está en un punto de quiebre en muchos países.

Después de la CICIG, el sistema judicial guatemalteco sufrió regresión. Para ejemplo: la fiscal general Consuelo Porras, fue incluida en la Lista Engel del Congreso de Estados Unidos, por sus acciones corruptas y antidemocráticas. No puede ingresar a ese país.

La corrupción sistémica de Guatemala capturó al Estado. Liberarlo sin cultura de transparencia es imposible. (O)

* Ex fiscal general de Guatemala.