En las últimas semanas, las informaciones alrededor de la inseguridad, especialmente en Manabí y Guayas, se han centrado en tres temas, que son una muestra de los diferentes tipos de crímenes vinculados a organizaciones delictivas de tipo transnacional que tienen presencia en el Ecuador. Por lo menos esas son las hipótesis que manejan las autoridades –las cuales están en investigación– y la información que se ha hecho pública a través de los diferentes medios de comunicación o por declaraciones de funcionarios estatales.

Me refiero a la muerte de los periodistas manabitas Mike Cabrera y Gerardo Delgado, el último potencial candidato para las seccionales del próximo año, por su provincia, quienes fueron asesinados por sicarios. Dos de estos, y que mataron a Delgado, confesaron dónde los contrataron y cuánto les pagaron, pero todavía no se dan más detalles. Las ejecuciones de ambos han despertado inquietud en los organismos de prensa, tanto nacionales como internacionales, que han pedido que se garantice la seguridad de los periodistas, por parte del Estado. Este ofrecimiento data del gobierno de Lenín Moreno, luego del asesinato de los tres periodistas de El Comercio a manos de uno de los grupos vinculados al narcotráfico y con lo que fue las FARC de Colombia.

El segundo caso ocurrió el domingo pasado, en horas de la madrugada, cuando se produjo el bombazo en el sector del Cristo del Consuelo, en Guayaquil, que dejó 5 muertos, 17 heridos y 8 casas destruidas. Según las informaciones preliminares, con esa acción se buscaba asesinar a alias Cucaracha, quien tiene antecedentes y ha escapado de otros intentos de ejecución. La hipótesis del Gobierno es que este tipo de ataque constituye una “guerra declarada” en contra del Estado, mientras que la Alcaldía de Guayaquil lanzaba la responsabilidad a las autoridades nacionales. Las cosas no quedaron ahí, el régimen le recordó a Cynthia Viteri que las autoridades locales también tienen su porción de responsabilidad y que el PSC lleva años al frente de ese Municipio. Más allá de la disputa política está la falta de coordinación entre las autoridades a todo nivel para contener la violencia.

El tercer caso es el más doloroso y trata sobre la red de pornografía infantil que fue desmantelada en Canoa (Manabí). De hecho, de acuerdo con las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación y cibermedios, la pareja de holandeses que operaba en esa zona reclutaba a pequeños de entre 8 y 12 años, de escasos recursos económicos, para explotarlos sexualmente, realizar pornografía infantil y ofertar turismo sexual. Y, para conseguir la confianza de los menores, incluso se acercaban a sus padres, a quienes ofrecían dinero y cosas que pudieran necesitar. El proceso, por este caso, continúa en la justicia y al finalizar la investigación fiscal se podrá saber si los dos holandeses, acusados de pertenecer a una red internacional de pederastas, son condenados o salen libres.

Así, el Ecuador poco a poco va mostrando una realidad que no sabemos con exactitud cuántos años lleva, pero que desgarra y golpea a la sociedad que no deja de sorprenderse y dolerse por el país. (O)