Durante las jornadas de protestas de esta semana en la provincia de Imbabura, personas identificadas como indígenas bloquearon vías y enfrentaron a las fuerzas del orden. También atacaron las instalaciones de Migración y del Comando de Policía en Otavalo e incendiaron vehículos tanto oficiales como particulares. Hasta el momento se han registrado entre 59 y 60 detenidos en Imbabura y Pichincha. Las autoridades dijeron que serán procesados por terrorismo.
Posteriormente, según informó EL UNIVERSO, se realizó una marcha para pedir por la liberación de los detenidos y negaron que sus allegados sean parte de alguna organización delictiva. Lo cierto es que los actos vandálicos graves sembraron terror en la población afectada.
En el pasado han ocurrido similares actos delincuenciales en los que han participado o propiciado agrupaciones indígenas, que han significado gran perjuicio económico, por la destrucción de bienes públicos y particulares. Además de la afectación a la productividad de la floricultura, lácteos, industria y comercio en general, sin que los responsables hayan asumido las consecuencias en la mayoría de los casos. Es más, sus líderes han recibido amnistías de la Asamblea Nacional.
Tales actos de violencia y vandalismo han vuelto a poner en debate la aplicación del pluralismo jurídico en Ecuador. La Constitución de Montecristi estableció la coexistencia de la justicia ordinaria y la justicia indígena, pero esta concepción genera confusiones y abusos. Por ello es hora de que la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional clarifiquen los límites del pluralismo jurídico que se utilice como excusa para cometer graves delitos.
La justicia indígena es un sistema válido y efectivo para resolver conflictos comunitarios internos, pero no puede ser utilizada para evadir la justicia ordinaria, ni para construir un mensaje de impunidad de tales etnias.
Asimismo, la plurinacionalidad y la interculturalidad son esenciales para el desarrollo de un Estado democrático y pluralista, pero no están funcionando sin el equilibrio entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Los ecuatorianos merecemos vivir en un Estado que proteja nuestros derechos humanos y garantice la seguridad jurídica de todos.
En la tarea de evitar que el pluralismo jurídico se utilice de manera indebida deben trabajar la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional para establecer límites claros y garantizar que la justicia indígena y la justicia ordinaria coexistan de manera armónica y efectiva.
La próxima Asamblea Constituyente tendrá que debatir y reflexionar los conceptos de plurinacionalidad, pluralismo jurídico y nacionalidad ecuatoriana. Es urgente el equilibrio que permita la coexistencia de tan importantes conceptos, pero también garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad jurídica para todos los ecuatorianos, independientemente de su origen étnico o cultural. El Estado más justo y equitativo que requerimos para todos solo se logrará cuando la justicia y la ley se apliquen, respetando los derechos y la dignidad de cada persona. Hoy más que antes necesitamos unidad y cohesión social con orden. (O)