Cuando decidimos estudiar derecho, una de las primeras reflexiones que surgen tiene que ver con las motivaciones que nos llevaron a elegir esta carrera. Las razones son diversas, aunque en la mayoría de casos coinciden en el ideal de justicia y en el deseo de contribuir a una sociedad más igualitaria.
Dentro de la carrera se nos enseña, al menos en teoría, a no confundir legalidad con justicia y a recordar que aplicar el derecho exige un alto nivel de reflexión y responsabilidad social. Además, en nuestra formación, se introduce el estudio de la democracia como valor fundamental del funcionamiento del Estado de derecho.
Por eso, quienes ejercemos la abogacía cargamos con una expectativa social especial, pero a la vez divergente. Por un lado, se espera de nosotros una conciencia más aguda sobre la justicia y la democracia; por otro, enfrentamos demandas de clientes que buscan en el abogado un respaldo que, en ocasiones, roza o traspasa lo legítimo. En ese cruce de tensiones, nuestro deber profesional es armonizar la defensa de intereses del cliente con el respeto al orden jurídico y a la responsabilidad ética que impone el ejercicio del derecho.
Sin embargo, la justicia es, en esencia, un valor profundamente subjetivo, pues lo que resulta justo para una persona puede no serlo para otra; lo que fue justo en un momento histórico puede dejar de serlo en otro. La justicia, entonces, se nos escapa con facilidad.
Precisamente por esa naturaleza esquiva, las sociedades han buscado mecanismos más concretos y verificables para aproximarse a lo justo o dicho en otras palabras, lo equitativo. Entre ellos, la democracia ocupa un lugar central, como un sistema que permite canalizar la diversidad social en la organización del poder, distribuir responsabilidades a todo nivel y exigir cuentas a quienes deciden en nombre de todos.
La razón de ser de la democracia no es blindar a los políticos de turno, el poder se debe ejercer con límites y no como botín. Sin embargo, hoy este modelo atraviesa una crisis profunda, y resulta incómodo admitir que los abogados, con sus honrosas excepciones, somos parte del problema.
La sociedad nos reconoce como conocedores del sistema, y desde ese lugar hemos validado discursos autoritarios, estirado normas hasta volverlas irreconocibles y contribuido, muchas veces en silencio, a la impunidad más corrosiva; pero lo que ha faltado es voluntad ética, preferimos mirar a otro lado mientras unos pocos se apropian de lo público, deciden por todos y reducen la democracia a un trámite vacío, en donde el ciudadano y sus derechos han dejado de ser el centro de atención, desnaturalizando así su razón de ser.
Mientras tanto, la realidad se impone sin límites: el sistema de justicia colapsa, la desigualdad se profundiza, nadie cree en las instituciones, y los abogados opinan en beneficio del mejor postor. Y sí, quienes debemos ser garantes de la democracia, asegurando que la Constitución y el Estado de derecho cumplan su rol, hemos deteriorado nuestra propia profesión. Sin embargo, sigo creyendo que aún podemos devolverle su valor, lo cual lo seguiré reflexionando en una próxima columna. (O)