La gestión de gobierno de Lasso –iniciada el 24 de mayo del 2021– cuenta con la simpatía ciudadana. El enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, principalmente por la vacunación, y la posibilidad de la reactivación de la economía, efecto de aquello, es su mayor logro.

También está a favor de Lasso la percepción –de valor ético– que no parcelará el poder para privilegiar acuerdos políticos.

Viene siendo firme en sostener la necesidad del acuerdo con el FMI; en no suspender la mecánica de ajuste de precios de los combustibles que inició el gobierno de Moreno, ofreciendo focalización de compensaciones a sectores que lo requieran, en propiciar desinversiones o asociaciones en áreas no privativas del Estado, así como en la búsqueda de las mejores relaciones con países con los que hay que celebrar o fortalecer acuerdos, más allá de las ideologías.

Su meta sería llegar, en los dos últimos años, al crecimiento de 5 % anual, con generación de empleo por encima de dos millones de puestos.

Los desafíos principales están en cómo obtener financiamiento.

De primera, la respuesta debería ser la recuperación de lo que –por lo menos desde el gobierno de Correa– se ha perdido, por ilícitos, sobreprecios, obras inconclusas, servicios no operativos y derroches, que suman decenas de miles de millones de dólares, pero esto no depende solo del Ejecutivo, sino de todos los engranajes del Estado, en los cuales también se multiplican las trabas.

Y está la posibilidad de la inversión extranjera. Lasso persigue llegar a $ 30.000 millones, pero esta –para alcanzar flujos importantes– requiere el marco jurídico que la garantice.

En cuanto a créditos, se privilegian los de multilaterales y de gobiernos, pero no de preventa o comprometido con petróleo, de los que Correa abusó.

Y habrá que tomar definiciones en lo contributivo. El anuncio desde el Gobierno viene siendo de un próximo envío a la Asamblea de un megaproyecto de múltiples reformas legales, en la orientación de crecimiento de la economía, dentro del cual un segmento sería el contributivo.

La edición –supongo equivocada– de que como por una Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, del 2020, se concluye que el 96 % de la población tiene un ingreso per cápita menor a $ 1.000, y el 4 % habría aparecido con ingresos per cápita por encima de esa suma, a este el Gobierno consideraría “el sector más pudiente del país”, para la imposición de cargas contributivas, ha llevado a críticas, porque para la clase media $ 1.000 per cápita sería de apenas sobrevivencia, por encima de un nivel de miseria, por lo que cuestan la vivienda, la alimentación, la educación de los hijos, el transporte y la salud, más cuando hay ancianos o enfermedades crónicas.

La población del Ecuador a inicios del año 2022 estará algo por encima de 17,6 millones de habitantes, incluyendo ancianos e infantes. Su 4 % sería 704.000.

Habrá que esperar las precisiones del proyecto, con la conciencia de que los menos de los realmente pudientes pagarán los tributos que se impongan, porque los más los eludirán por la vía de entramados de compañías, de fideicomisos y otros malabares de cifras. (O)