El Gobierno impulsa un incremento en la edad de jubilación, junto con un sistema de incentivos para que los trabajadores afiliados se vean alentados a realizar una mayor cantidad de aportes al sistema. Pero este cambio no ataca los principales problemas de nuestro sistema de pensiones: que cubre una minoría de la fuerza laboral (38 %), no incentiva el ahorro y desalienta la contratación formal de trabajadores.
Sobre el primer problema: hay muchos trabajadores que pudiendo afiliarse deciden no hacerlo -como los trabajadores independientes formales-. Esto es así porque no valoran los servicios del IESS frente a las alternativas. Otros trabajadores no pueden costear los altos costos de formalizarse o prefieren evitarlos. Aumentar la cobertura requiere también de una reforma laboral.
Durante la administración de Guillermo Lasso, la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones elaboró un estudio y una serie de propuestas que convendría que rescatara el Gobierno actual. Respecto del subsidio estatal de las pensiones, la Comisión propuso limitarlo. Esto es lo mínimo que se puede hacer para restaurar algo de justicia en la distribución de los escasos recursos fiscales. La ley vigente obliga al Estado a cubrir un 40 % de las pensiones, ignorando la realidad de que el país atraviesa una crisis fiscal y carece de recursos para honrar esta obligación.
El subsidio a las pensiones es el segundo más alto en el Presupuesto General del Estado (PGE) y no es justo que esto se destine a una minoría, incluso amenazando la sostenibilidad fiscal del Estado. Solo este año, al IESS le faltan $ 3.297 millones puesto que los aportes de los afiliados actuales solo cubren un 49 % de lo que se requiere para pagar las pensiones. El año anterior le faltaron $ 2.638 millones. Este subsidio continuará creciendo conforme cada vez haya menos trabajadores aportando en relación con los pensionados. Si bien lo ideal sería eliminar totalmente el subsidio estatal a las pensiones, la Comisión propuso limitarlo con el umbral de 3 % del PIB.
La Comisión también propuso incrementar los aportes mínimos para jubilarse, limitando la “viveza criolla” de quienes con tan solo diez años de aportes luego pasan a cobrar, en algunos casos, hasta doble pensión: la del sistema ecuatoriano y la del país extranjero donde trabajaron por décadas. También propone aumentar el número de años para promediar el valor de la pensión. Actualmente se calcula en base a los cinco mejores años y proponen avanzar gradualmente hasta llegar a 25 o 30 años.
Además, la Comisión propuso de manera acertada que el trabajador pueda elegir la entidad financiera que gestione la mitad de su aporte al Fondo de Reserva (4,33 %). Por otro lado, se equivocó al proponer la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes. Cuando el mercado laboral y el sistema previsional mejoren lo suficiente, el ahorro para la vejez será algo atractivo que muchos harán de manera independiente.
Según las proyecciones de la misma Comisión, así se llegaran a implementar estas reformas, el sistema continuará siendo deficitario, incluso si el Estado y los empleadores le paguen al IESS lo que le deben. No obstante, limitar el subsidio estatal sería un importante paso -de muchos otros- en la dirección correcta. (O)
