Ha llegado el momento de tener una legislación dedicada exclusivamente a regular la exploración, explotación, transporte, transformación y distribución de gas natural (y sus derivados), así como su explotación industrial en generación eléctrica y su comercialización externa. Sin un marco legislativo que incluya el establecimiento de una comisión nacional de gas natural como ente rector del sistema, con capacidad reguladora independiente y facultad para emitir los permisos, licencias y concesiones que se requieran, sin ese marco legal, es virtualmente imposible el desarrollo de la industria del gas en el Ecuador. Es lo que sucede en Colombia, en Perú, en Chile, entre otros, donde hay una legislación específica. Mientras en nuestros países vecinos el gas natural aporta entre el 15 % al 30 % a la canasta energética, acá apenas llegamos al 2 %. Y no es que gracias a la mencionada legislación de repente vamos a encontrar gas natural. No. El gas natural ya existe. Más allá del Campo Amistad, que es apenas un pequeño punto dentro de un bloque, que está, a su vez, dentro del vasto golfo de Guayaquil, existen serios y múltiples indicios geológicos de una importante reserva de gas natural en toda esa área y probablemente costa adentro. Lo que se necesita es simplemente invertir en exploración y en más en exploración. Algo que lamentablemente no se ha hecho.
Es como si la industria de hidrocarburos haya prácticamente cegado a la burocracia estatal. Vean esta paradoja. El primer signo de existencia de reservas de gas natural ocurre en 1968, en el golfo de Guayaquil. Es decir, por ese mismo año se dieron las primeras noticias de la existencia de petróleo en el nororiente del país. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el 2004 para que EDC, una empresa contratada en 1996, en el gobierno de Durán-Ballén, comience a extraer gas del campo Amistad y transportarlo a una planta generadora eléctrica. Empresa que, de paso, fue maltratada por varios gobiernos no pagándole sus planillas hasta que tuvo que amenazar con un arbitraje internacional. Y luego, para variar, fue prácticamente expropiada por Correa, pasando sus operaciones al Estado. Y desde entonces no solo que la producción de gas ha decaído –algo que el actual Gobierno ha resuelto reversar–, sino que no se ha hecho nada por mirar e invertir más allá del mencionado campo Amistad.
Sin embargo, durante todo ese lapso (1968-2004) la industria ecuatoriana de hidrocarburo tuvo una suerte distinta. Con una legislación propia y con decisión política, el Ecuador llevó adelante el desarrollo del petróleo. Que luego las élites lo hayan malbaratado en subsidiar a la clase media y alta, y que se haya convertido en fuente inagotable de corrupción, es otra cosa. Mientras el boom del petróleo ocupaba el epicentro de la economía, el gas natural fue ignorado. Lo que se ha hecho hasta ahora es tomar retazos normativos de la legislación petrolera existente para injertarlas o acomodarlas a ciertas actividades asociadas con el gas natural y emitir reglamentos de vez en cuando. Ese no es el camino apropiado. Como no lo es el ver en el gas natural solo una fuente de ingresos fiscales. Esperemos que el actual Gobierno, en su afán de ordenar la economía, siente las bases legales y políticas de la industria del gas natural en el país. (O)
