La actual tensión entre Daniel Noboa y Gustavo Petro no puede reducirse a una disputa comercial coyuntural. La elevación de aranceles por parte de Ecuador –presentada como una medida de seguridad– responde a una preocupación estructural: la expansión del narcotráfico y de grupos armados en la frontera norte, en un contexto donde la corresponsabilidad binacional ha sido insuficiente.
Sin embargo, que Gustavo Petro sostenga que la medida ecuatoriana “entrega la frontera a la mafia” resulta una simplificación que invierte el problema. Si bien el incremento arancelario afecta al comercio legítimo y genera costos para ambos pueblos, el riesgo mayor no radica en la restricción económica, sino en la permisividad frente al avance del narcotráfico y de estructuras armadas ilegales. La inacción o el abandono del control territorial terminan beneficiando a estas economías criminales, supuestamente para ganar votos para su candidato de extrema izquierda, en las próximas elecciones.
Por ello, resulta preferible asumir costos colaterales en el ámbito comercial –que pueden ser mitigados mediante mecanismos de compensación y cooperación– antes que tolerar un escenario en el que la frontera quede, de facto, bajo influencia de organizaciones delictivas y grupos de carácter insurgente.
Esta discusión no exonera a Colombia de su responsabilidad en la frontera, que ha sido históricamente permeable a estructuras criminales, incluidas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y redes del narcotráfico, que se han ubicado en zonas limítrofes.
En este contexto, las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez adquieren especial relevancia. En intervenciones recogidas por medios como Semana y El Tiempo, Uribe ha cuestionado la política de seguridad del gobierno de Petro, advirtiendo sobre la pérdida de control en zonas fronterizas y el avance del narcotráfico. En una de sus afirmaciones más citadas ha señalado que “la permisividad frente a los grupos armados ilegales termina consolidando su poder territorial”, insistiendo en la necesidad de una respuesta firme y coordinada del Estado.
Estas preocupaciones no son aisladas. Sectores políticos y analistas colombianos han advertido que la política de “paz total” ha tenido efectos ambiguos en el control territorial, permitiendo reconfiguraciones criminales en regiones periféricas.
Desde la perspectiva ecuatoriana, la exigencia de reciprocidad es no solo legítima, sino imprescindible. Ningún Estado puede asumir en solitario los costos de una frontera permeada por el crimen organizado. La seguridad constituye, en este sentido, un bien público regional que demanda inteligencia compartida, control efectivo del territorio y voluntad política convergente.
La política arancelaria ecuatoriana puede ser discutible en sus instrumentos, sin embargo no en su fundamento. Ecuador no solo defiende su soberanía, sino que interpela a Colombia a asumir plenamente una responsabilidad compartida en una lucha que, por definición, no admite omisiones. Frente a la disyuntiva entre afectar temporalmente el comercio o permitir la consolidación del narcotráfico y la violencia, la prioridad debe ser inequívoca. (O)