El gobierno ha anunciado una reducción de 5.000 empleos públicos. Además, una serie de decisiones administrativas que fusionan ministerios, trasladan dependencias y adscriben otras.
Esta es una largamente esperada decisión en el país, que no sale todavía del enredo generado por la expansión inmisericorde del gasto público que comenzando en el año 2006 con 23 % del PIB, pasó en pocos años al 43 % del PIB, transformándose en el gasto público consolidado más alto de toda la América Latina, superando inclusive al gasto de la Venezuela de Chávez, al Brasil de Lula y a la Argentina de los Kirchner.
Esa brutal herencia no ha sido desmantelada. El gasto corriente sigue siendo gigantesco. Hubo una época en la cual se creía que todo problema se resolvía con una nueva institución burocrática. De hecho, el gasto corriente luego del gobierno de CR5 ha mostrado una gran inflexibilidad.
Los pasos que dará el régimen son duros pero necesarios. El problema es el futuro, en el cual estos necesarios y correctos pasos podrían deshacerse, como ha sucedido en el pasado.
En el año 1992 comenzó un proceso de estudio de la situación de la carga burocrática y del número de empleados. Un estudio serio por orden del presidente de la República y coordinado con todos los ministros por Benjamín Rosales Valenzuela dio como resultado un programa de compra de renuncias, con fondos solicitados al Banco Mundial, que nos permitió reducir en 25.000 personas la planilla laboral del Estado. Se eliminaron empresas como Emprovit, también la Empresa de Almacenamiento del Estado, en cuyos silos desaparecían cosas y daba pérdidas. Así se hizo con otras entidades del sector público.
Se dio capacitación a los funcionarios y empleados de cómo realizar emprendimientos, y en forma totalmente voluntaria y en total paz y tranquilidad se compraron las renuncias de lo que era algo más del 10 % de la planilla laboral.
La calidad del servicio público no disminuyó, la economía creció y las finanzas públicas ahorraron dinero que fue utilizado para gasto en las áreas sociales. De hecho, se registró una dramática reducción de la pobreza, y en especial de la pobreza extrema. Para fines de 1994, en el último trimestre, la economía creció anualizada a más del 8 %.
Pero como el Ecuador no tiene objetivos nacionales, como no hay diálogo entre diversos sectores políticos, no hay acuerdos sobre grandes temas, el gobierno siguiente aumentó significativamente el empleo. Borró de un plumazo el esfuerzo organizado y profesional de reducción de tamaño del Estado que se había hecho en 1992/94.
En Guayaquil, luego de la administración del alcalde Jaime Nebot, su sucesora incrementó el empleo en forma acelerada.
La decisión del gobierno debería tener como contrapartida el compromiso de todos los sectores políticos de que lo que se va a hacer no se deshaga apenas cambie el gobierno, y que quienes han sido cesados no vuelvan al empleo público, porque entonces el esfuerzo habrá sido arar en el mar.
Los cambios que requiere el Ecuador demandan un acuerdo nacional. Ojalá este tema sea la primera piedra del edificio de ese acuerdo. (O)
