La oclocracia

Con el asalto al Capitolio de la turba instigada por Trump, el 6 de enero de 2021, para impedir la proclamación de Biden como el presidente n.° 46 de los Estados Unidos de América, se usó la expresión oclocracia –de raíces griegas– que significa el ‘poder de la turba’.

Todas las instancias de ese país, aun a nivel de Corte Suprema, se negaron a reconteos, por no haber indicios que los justifiquen.

Creo en el derecho a la movilización, como expresión colectiva y tengo claro el riesgo de que se produzcan acciones de violencia. Correa, el 2007, envió grupos violentos a desalojar los espacios –y lo hicieron– de las entidades en que sus directivos no se allanaban a la convocatoria a la Constituyente que se instaló ese año, cuando se requería su pronunciamiento. Se impuso a la brava.

El comportamiento de la mayoría del CNE, que no votó para que, previo a que se proclamen resultados, haya el reconteo demandado por Yaku Pérez, fue severamente cuestionado por este. Cito sus palabras: “…estas elecciones son, nada más y nada menos, que una caricatura de transparencia electoral”. Expreso, 17 de febrero del 2021.

¿Pretensión de Yaku Pérez que fracase el proceso electoral? Para nada. Pienso que tiene la convicción –que la comparten quienes se le suman– de que fue más votado en la primera vuelta, lo que le permitiría estar en segunda vuelta. De no darse un reconteo significativo, sus tachas al proceso las va a mantener.

¿Es posible validar el requerimiento de apertura de urnas para un reconteo en la magnitud que se está demandando –el 100% de Guayas y el 50% en 16 provincias? Apegándose a lo literal del Código de la Democracia, no. Las condiciones para un reconteo son muy restrictivas, como en Estados Unidos, y posiblemente en casi todas las legislaciones de democracias electivas, porque se presume que debe haber comportamientos lícitos en el proceso, el sufragio y en los escrutinios; pero puede ser que en los hechos no se den.

Como la Constitución –que es ley suprema, por encima de todo ordenamiento legal– señala que, en singular o en colectivo, todo debe ser susceptible de verificarse, sería bueno que haya un macroacuerdo nacional, dentro del tiempo para impugnaciones, poslectura de los resultados, lo que está por darse, para que sean considerados los requerimientos de verificaciones, sin violencia, terquedades, ni miedos, en el menor tiempo posible, y ojalá en una especie de minga cívica, para que los costos sean austeros, porque se cuestionan posibles costos millonarios adicionales, para el reconteo de papeletas presidenciales y de asambleístas nacionales, cuando no se han respetado prioridades para la provisión de recursos, cual el caso de procesos preventivos de salud, como las vacunas pentavalentes para infantes, contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, e influenzas que causan neumonía y meningitis, patologías gravísimas, que por semanas no llegaron a los centros públicos de salud. En la atención privada su costo es de +- $ 300, por cada dosis, costo de castigo para familias de medianos y bajos ingresos.

Sanción para los de los fraudes, de haberse producido.

Democracia exige transparencia. (O)