“El rey Dionisio I (siglo IV, a. C.), un tirano de Siracusa, con el propósito de aleccionar a Damocles, decidió que lo sustituya durante un festín, pero dispuso que sobre su cabeza pendiera una afilada espada desnuda suspendida de una crin de caballo”. La frase la espada de Damocles se utiliza para expresar la presencia de un peligro inminente o de una amenaza.

¿Acaso la Constitución y las leyes que rigen en nuestro país no cuentan para los indígenas?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), filial de la Conaie, entre sus resoluciones, exige que el Gobierno asuma la responsabilidad por uso excesivo de la fuerza que dejó heridos y fallecidos, por lo que pide una reparación integral, en esto coinciden las organizaciones de DD. HH. que denuncian “hostigamientos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y criminalización de las manifestaciones”; nada dicen de las brutales agresiones que sufrieron miembros de la fuerza pública, con un saldo de 238 policías y 106 militares heridos, 1 militar muerto, 37 policías secuestrados, 10 UPC destruidas, 117 patrulleros, motos y 20 vehículos militares destruidos o con daños graves.

Igualmente piden que cesen las “acusaciones y calumnias a los dirigentes y al movimiento indígena”; las declaraciones del dirigente indígena Yaku Pérez son contundentes: “El vandalismo deslegitimó la protesta social y acrecentó el racismo y la discriminación” y agregó: “El presidente de la Conaie es próximo al correísmo”.

“La filial amazónica también hace un llamado a los pueblos y nacionalidades a fortalecer las guardias indígenas, que han sido criticadas desde diferentes instancias gubernamentales, como parte del ejercicio de los derechos constitucionales de autodeterminación”. Aunque parezca insólito, este “llamado” se ha concretado con la presencia de organizaciones armadas que atacaron a convoyes militares y que el expresidente de la Conaie Jaime Vargas amenazó en 2019 que iban a crear un “ejército propio” del movimiento indígena: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”. Agregó: “Esta declaración nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades”.

¿Acaso la Constitución y las leyes que rigen en nuestro país no cuentan para los indígenas? El COIP, en su art. 349, señala: “Grupos subversivos.- La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Por último, nos advierten: “Cuidado con criminalizar la protesta social” y esperan tener resultados de las conversaciones en tres meses, “caso contrario activaremos la movilización a nivel regional y nacional”.

Los ecuatorianos estamos con la espada de Damocles sobre el pescuezo. (O)