Nuestro sistema de justicia, ya frágil y golpeado por la desconfianza, requiere más de todos nosotros: más conciencia ciudadana, más información veraz y, sobre todo, más sentido democrático.
Cuando hablamos de justicia debemos mencionar dos palabras claves: independencia e imparcialidad judicial. A menudo pensamos que la labor de los jueces nos es lejana, sin embargo, no lo es. En algún momento de la vida todos hemos necesitado –o necesitaremos– acudir a un juez, ya sea que se trate de resolver conflictos como una pensión alimenticia, el cobro de una deuda, un conflicto laboral, la disputa por una propiedad o incluso la sanción de un delito, lo cierto es que lo mínimo que esperamos es que la decisión sea justa, libre de presiones y neutral.
Así, la independencia judicial busca evitar un “juez marioneta” o la “justicia con dueño”, es decir, que los fallos respondan a intereses políticos, económicos o de cualquier otro orden. La imparcialidad, por su parte, pretende erradicar al “juez inclinado” o “de un solo oído”, aquel que escucha solo a una parte o que posee algún tipo de favoritismo. De esta forma, tanto independencia como imparcialidad son principios que se complementan.
Ambos valores constituyen pilares del sistema de justicia y, al mismo tiempo, de la democracia, pues si no confiamos en que los jueces resuelvan con sentido de justicia nuestros conflictos, ¿a dónde acudiremos a resolverlos?, ¿a la justicia por mano propia? Por tanto, garantizar estos principios es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana.
Ahora bien, ¿por qué es importante defender la independencia e imparcialidad para consolidar y proteger la democracia? Porque es indispensable que el ciudadano tenga a quién acudir frente a los abusos. Para ello, los jueces exigen el cumplimiento de las obligaciones del padre o madre con el cuidado de su hijo, del deudor moroso, del legítimo dueño de una propiedad, de los derechos del trabajador y de quien genera trabajo, de las arbitrariedades estatales o de las reparaciones a las víctimas de los delitos.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía consciente, informada y con espíritu democrático. Nos corresponde exigir concursos transparentes, jueces probos no solo en conocimientos jurídicos, sino también en su ética. Asimismo, debemos rechazar la normalización de ataques contra jueces de cualquier nivel, provengan estos de la política, de la delincuencia organizada o de otros estamentos.
En suma, la independencia judicial no es un privilegio de quienes administran justicia, sino una garantía de los ciudadanos de que, quienes resuelven sus conflictos, lo hagan sin ataduras de ninguna clase. Desde luego, esta protección especial para estos especiales funcionarios tiene una importante contracara: un mecanismo adecuado de rendición de cuentas por su conducta.
Por ello, cuidar los valores de la justicia es, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos. Como en su momento dijo Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. (O)