En los muchos años de experiencia que tengo en el sector petrolero internacional nunca he visto una crisis tan grave y simultanea de casi toda la infraestructura petrolera de un país en tiempo de paz, me refiero a la infraestructura de producción, transporte (oleoductos) y la de refinación, todos prácticamente cerrados durante las últimas semanas con pérdidas para el Ecuador proyectadas de hasta 1.000 millones de dólares.
Aunque parte del problema ha sido causado por razones climáticas, la causa principal es la falta de mantenimiento preventivo y reemplazo de equipos e instalaciones obsoletas que datan de más de 50 años en el caso del oleoducto SOTE, la refinería de Esmeraldas y la infraestructura de producción.
El problema comenzó con la salida del país de las empresas que construyeron la infraestructura y hacían un gran trabajo en su mantenimiento y continua optimización, como la Texaco, Occidental, Conoco Phillips, Perenco, etc., y pasaron a manos principalmente de Petroecuador, que no solo que no ha hecho un buen trabajo en su operación, sino que cuando intentaron revitalizar la refinería de Esmeraldas en el gobierno del presidente Correa, resultó en un fracaso total que le costó al país cerca de 2.000 millones de dólares, habiendo existido casos comprobados de seria corrupción y cuyos directivos terminaron en prisión.
Es inconcebible que no se haya revitalizado la infraestructura en la época del boom de altos precios. Es también evidente que ni Petroecuador ni el Gobierno central tienen la capacidad económica ni operativa, por ello, la única alternativa que le queda al Ecuador es estructurar licitaciones transparentes y enfocadas a empresas expertas en el tema y con alta solvencia técnica y financiera, y cederles a ellos la revitalización integral y óptima operación de los oleoductos y las refinerías, pero esto no va a ocurrir si no se hacen cambios sustanciales a las leyes actuales de estilo estatista que frenan y desalientan la inversión privada en el sector energético, a nombre de un falso nacionalismo perjudicial a los intereses del país.
La actual situación crítica justifica la declaración de emergencia de todo el sector hidrocarburífero para hacer los cambios requeridos y atraer las inversiones gigantescas necesarias. Por ejemplo, para las refinerías se podría integrar la reparación de las refinerías con la distribución y mercadeo de los combustibles. Para los oleoductos se deben reconocer las altas inversiones requeridas y una tarifa acorde. Y para las instalaciones de producción valdría considerar renegociar de mutuo acuerdo los contratos con las empresas privadas y las de servicios integrados, incorporando las mejoras de la infraestructura en sus planes de inversión, obviamente con la compensación pertinente.
Significativos cambios y reformas a los procesos licitatorios son esenciales para evitar el fracaso de los mismos, como ha ocurrido en los últimos años.
El Gobierno actual con su alto grado de popularidad y apoyo en la Asamblea Nacional está en la posibilidad de atacar este enorme desafío con éxito, lo que evitaría el descalabro económico del sector hidrocarburífero del país. (O)