Los resultados que arrojan empresas públicas (EP), de los mal llamados sectores estratégicos, que son intocables por mandato de la nefasta Constitución del 2008, pero que han demostrado ineficiencia, evidencian los fracasos en áreas fundamentales como la eléctrica, la petrolera, las telecomunicaciones.
Esto ha determinado inestabilidad en el rumbo de las empresas, debido a los cambios permanentes de sus autoridades (el caso del sector petrolero), pero los problemas estructurales y de fondo se mantienen porque los servicios públicos no mejoran ni ofrecen seguridad, confianza ni certidumbre.
El caso último se refleja en el sector eléctrico (CNEL, Celec, Cenace), que evidenció cortes en el servicio ya sea por mantenimiento programado o por daños emergentes, pero al final produjo reacciones y rechazo por suspensiones que no fueron anunciadas oportunamente y que fuera reconocido por las autoridades, e incluso se pidió disculpas públicas por no haber entregado la información a tiempo. Resultado: cambios de las autoridades.
El mantenimiento de los equipos es fundamental, más aún cuando subsisten algunos en centrales viejas, pero tiene que buscarse la oportunidad y no en momentos de una ola de calor que demandó mayor consumo de energía eléctrica, especialmente en el Litoral.
La comunicación oportuna, asertiva y preventiva es fundamental, más aún cuando están de por medio servicios básicos sensibles y vitales. En ese sentido el gobierno no ha entendido ni procesado la importancia que implica la información sostenida y permanente por diversos canales y no solo las redes sociales, que son importantes pero no las únicas.
Los sectores estratégicos en manos del Estado, con semejante burocracia ineficiente y tanto proceso engorroso, resulta un fracaso, pero el país está bloqueado por el actual diseño constitucional.
El control del Estado ha sido un obstáculo para el desarrollo del país, más aún cuando se ha denunciado la existencia de mafias que controlan la administración de estos sectores básicos y que no ha habido cómo identificarlas y peor desbaratarlas.
Las experiencias han sido nefastas para sociedades atrasadas, que se debaten entre la pobreza y la miseria, como es el caso de países cerrados, controlados por décadas por dictaduras oprobiosas con el Estado como el eje central único. El caso de Cuba y Venezuela es evidente, que viven en el ostracismo en los peores momentos de su historia.
Pero no solo es el caso de los sectores estratégicos, sino en general una burocracia ineficiente. Temas simples: cómo es posible que en el Ministerio de Desarrollo Humano para reconocer una simple directiva de una organización social, sin fines de lucro, o una directiva de un barrio, tengan que pasar largos meses, a veces años, con el pedido de tanto papel que obligan para exigir la atención pública.
Qué decir de los gobiernos autónomos descentralizados (el caso de Quito y de Pichincha, pero también de tantas otras ciudades y provincias del país) que ni siquiera pueden tapar huecos en las vías durante largos meses y hasta años con cualquier justificativo, como argumentar que el problema es de la producción de asfalto. Simplemente es ineficiencia pública. (O)