El Ecuador atraviesa una grave situación debido a la expansión criminal en la extracción ilegal de minerales en medio de la debilidad institucional y la complicidad estatal y de organismos de control, que no actúan de manera oportuna, firme y permanente.
Las acciones ilegales, que se cometen con la anuencia desde el Estado por acción, omisión o indiferencia, se repiten de manera permanente, mientras existe impotencia e inseguridad frente a la arremetida del poder de quienes hacen un mejor negocio que las drogas.
Eso reflejan las cifras comparables entre un kilo de oro y uno de cocaina, según precisan reveladoras investigaciones de publicaciones serias (Plan V., Código Vidrio). Con una circunstancia especial: el metal se exporta legalmente, la droga no, pero el primero se sustenta en empresas fantasmas, registradas en el papel, que no cuentan con respaldos legales.
Dónde están los resultados concretos de las acciones y controles de los organismos estatales, agencias de regulación y control, superintendencias, investigación del lavado de activos, entre otros. De qué ha servido la declaratoria de la minería ilegal como una amenaza. Cuál es la tarea que cumplen los gobiernos locales y provinciales en los controles, otorgamiento de permisos, uso de suelos y territorios, supervisión del cumplimento de ordenanzas y resoluciones. Dónde están los controles del destino y uso de la gran maquinaria pesada que se importa y que adquieren para esta explotación ilegal. Cuál es el seguimiento que se hace de su uso, sin beneficio de inventario y solo pensando en el negocio, no importa si es legal o ilegal.
Lo que se hace en el país es combatir los efectos de esta explotación irracional a cargo de grupos irregulares e incluso hoy controlado por bandas delincuenciales, pero poco se atacan las causas y la prevención en un problema serio que determina el control de los territorios de manera ilegal y que ha generado la muerte de militares en la persecución a estas estructuras (lo último ocurrido en la región amazónica).
Las tareas profesionales de FF. AA., las primordiales: la defensa de la soberanía e integridad territorial, están sobrecargadas y rebasadas con el combate a la minería ilegal, el control de las cárceles, la gestión de riesgos, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narco política, patrullajes durante los estados de excepción en medio del conflicto armado interno que vive el país, entre otras. Mientras tanto, requiere más recursos económicos, logísticos, materiales y personal.
Virtualmente se vive un estado de guerra declarado por los grupos delincuenciales vinculados a la explotación irracional de la minería y el narcotráfico, que han penetrado en la política con los ingentes recursos que se generan en estos negocios ilegales y que han sembrado terror y muerte.
A esto se suma la destrucción y los serios daños en el ambiente y el agua, que tanto reivindican dirigentes de los grupos sociales e indígenas, que política e ideológicamente cuestionan las concesiones legales mineras (que pagan impuestos), pero callan y nada dicen de la explotación ilegal de la minería, que está depredando el país y causando serios daños. Hasta cuándo debe soportarse esta situación? (O)