La sociedad civil ha logrado una importante victoria al haber forzado a Godoy a dejar la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Quienes se llevan el mérito de este logro son muchos periodistas, medios de comunicación y activistas políticos comprometidos con un Ecuador diferente. Godoy debió haber renunciado cuando se hizo pública la valiente denuncia del juez Serrano, de cómo un funcionario de dicho organismo, cercano colaborador de Godoy, lo presionó para que sentencie en favor de un narcotraficante que era defendido nada menos que por la cónyuge del mencionado Godoy. A las pocas horas el país quedó estupefacto al constatar que el estudio jurídico al que estaba vinculado quien presidía el citado Consejo se especializaba precisamente en defender narcotraficantes. En muchas naciones semejante conflicto de intereses habría generado una respuesta contundente e inmediata por parte del Estado.
Pero no en el Ecuador. Y es que lo increíble de este episodio es que no hubo reacción de las instancias estatales, especialmente de las relacionadas con el sistema judicial. Todas se escondieron. Buena parte de los políticos guardó silencio durante la crisis, mientras que otros la usaron para ganar publicidad tratando de ocultar su rabo de paja. Qué vergüenza. La mayoría se refugió en debates dizque jurídicos. Nunca entendieron, o quisieron entender, que el problema no era de legalidad, sino de ética. Tal es nuestra decadencia política que la ética se ha convertido en una intrusa en el quehacer público. El concepto de conflicto de intereses, tan esencial para una democracia y tan indispensable en una economía moderna, no existe en el diccionario de la mayoría de nuestros líderes. No es una coincidencia que organismos internacionales sigan catalogando al Ecuador, y en particular debido a su sistema judicial, como un país altamente corrupto. Y que este factor afecta a la inversión extranjera.
La caída de Godoy es un ejemplo de cómo una sociedad civil organizada puede avanzar en la defensa de su institucionalidad. Cierto es que esta podría ser una victoria pírrica, que lo que nos espera quizás sea peor –la forma atropellada como se lo reemplazó no es un buen augurio– y que cambiar nombres no es solución. Hay mucho de verdad en todo ello. Pero la tarea de construir una judicatura independiente y profesional no es cosa fácil. En particular, cuando ello va en contravía de los intereses de una dirigencia que siempre ha visto en la justicia un simple escudo de impunidad y una espada de persecución. Muchos prefieren seguir con un sistema que les permita atropellar los derechos de las personas, sean empresarios, políticos o periodistas, que tener un sistema al servicio del Estado de derecho.
El affaire Godoy sacó también a la luz la pobreza de muchos profesionales del derecho. Es triste e indignante ver a tantos abogados y jueces convertidos en simples soldaditos de hojalata, marionetas de plastilina, gente sin valores, carentes de una elemental formación jurídica e ignorantes de la alta misión que ellos tienen en la sociedad. Urge que organizaciones civiles se sienten a debatir, evaluar y buscar salidas de esta crisis. La asistencia de expertos extranjeros es esencial. Ya sabemos que a muchos todo esto no les interesa. Pero sí a nuestros hijos. (O)