El gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta una situación compleja de tensiones políticas, sociales y seguridad que algunos sectores perciben como intentos de desestabilización democrática. Diversos actores, como representantes de instituciones del Estado, partidos políticos opositores, movimientos sociales y grupos vinculados a actividades ilícitas, han sido señalados como responsables de estrategias de bloquear leyes, generar inestabilidad y miedo. Están siendo usadas tácticas como coches bomba, cierres de carreteras, interrupciones en la producción petrolera y actos de terrorismo. Es posible que el dinero que sostenga las acciones venga del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Entre los puntos de conflicto destacan los decretos ejecutivos impulsados por el Gobierno, particularmente el llamado a consulta popular para convocar una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución, y la eliminación del subsidio al diésel que ha generado controversia, especialmente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sectores sociales como sindicatos. Aunque el subsidio al diésel beneficiaba principalmente a sectores económicos de mayores ingresos y a redes de contrabando, la oposición argumenta que su eliminación les afecta y ha recurrido a la protesta violenta.
La Conaie ha expresado su rechazo a la presencia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional (P. N.) en territorios indígenas, argumentando la plurinacionalidad y el derecho a ejercer su propia justicia en sus territorios –no delimitados–. Esto generaría un dilema para los miembros de las dos instituciones, que provienen de comunidades indígenas, quienes han jurado lealtad a la nación y bandera ecuatoriana. Surge la pregunta: en un escenario de conflicto, ¿cómo conciliarían estos servidores públicos su compromiso profesional con sus lazos culturales y familiares?
Por otro lado, en las FF. AA., especialmente en la Armada, algunos oficiales enfrentan una campaña de desprestigio en redes sociales. Estas acusaciones, provenientes de fuentes anónimas, parecen buscar debilitar la credibilidad de esta notable institución encargada de los controles marítimos. Este desafío se presenta en un contexto donde las rutas del narcotráfico, anteriormente concentradas en el Atlántico desde Venezuela y Colombia, podrían estar desplazándose hacia las costas ecuatorianas del Pacífico debido a operativos internacionales, como los de Estados Unidos.
Ecuador enfrenta un momento crítico en el que la polarización política, social y de seguridad pone a prueba la capacidad del Gobierno, FF. AA., P. N., Conaie y movimientos sociales para encontrar acuerdos. La eliminación justa del subsidio al diésel y la propuesta de nueva Constitución son de gran importancia. Los miembros de las fuerzas de seguridad provienen de la población ecuatoriana, sin discriminación, y deben cumplir su misión de mantener el orden nacional. Las redes sociales están siendo utilizadas por anónimos con el fin de desinformar y desprestigiar a las instituciones que combaten el crimen organizado.
Es imperativo que el Gobierno, las FF. AA. y P. N. intensifiquen acciones contra las actividades ilícitas para dar más seguridad a la población. (O)