El pasado 24 de diciembre, antes de la Nochebuena, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en un escueto aviso, daba cuenta de que a partir de esa fecha se mantienen habilitados únicamente los pasos internacionales de Rumichaca (Carchi) y Huaquillas (El Oro), como puntos autorizados para transitar entre Ecuador y los países de Colombia y Perú, respectivamente, explicando, literalmente en dos líneas, que esa medida responde a razones de seguridad nacional, en el propósito de combatir al crimen organizado, según se amplía en un comunicado del Ministerio de Gobierno, publicado luego de conocida la noticia que ha despertado enorme preocupación en las provincias fronterizas, quienes han debido lidiar históricamente con el abandono y marginación permanentes por parte del poder central.
Con esa medida en la práctica se concentra la movilidad internacional únicamente en dos lugares, creyendo puerilmente que el nivel de seguridad se verá incrementado con un menor número de pasos fronterizos autorizados; es decir, se trata de simplificar el problema a un enfoque de relación inversa entre estas dos variables, lo cual deja entrever –una vez más– las enormes falencias de una política pública que cree que la inseguridad se enfrenta únicamente con fusiles, dejando a un lado el enfoque de seguridad multidimensional, es decir, mirar al problema en su conjunto y entendiendo que a más del uso del monopolio legítimo de la fuerza es necesario destinar esfuerzos, atención y recursos para alcanzar el crecimiento y desarrollo económico sostenidos, la creación de empleo adecuado, el mejoramiento de los servicios públicos y, en general, de la infraestructura social, lo cual se consigue con mayor presencia estatal e inversión pública.
Hay que entender que cerrar los pasos fronterizos que venían operando, por ejemplo, en la provincia de Loja, como el Puente Internacional Macará-La Tina y Lalamor-El Alamor, antes que fortalecer la seguridad, va en contravía en el propósito de afianzar la integración económica, social y cultural que son propias de las fronteras vivas, es decir, de esos espacios dinámicos y vitales que se benefician mutuamente por su proximidad geográfica y relacionamiento natural.
En verdad, se trata de una decisión inconsulta (con todas sus letras). El propio Ministerio de Gobierno, mediante comunicado oficial del 27-12-2025, desvela este particular al afirmar, tres días después de adoptada la decisión, que “... hoy mantuvimos una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de las asociaciones productivas de la provincia de Loja…”. Nuevamente un centralismo desembozado y ajeno a la tragedia que viven las poblaciones fronterizas, detrás de un escritorio y so pretexto de cortar el paso a la economía criminal, levantan verdaderos ‘muros’ de ignominia que se traducen en los cierres parciales de las fronteras, pudiendo agravar con ello la ya delicada situación económica en que viven poblaciones de esas remotas zonas donde la pobreza extrema arranca a dentelladas el futuro y esperanza de comunidades enteras. La violencia estructural se enfrenta con acciones integrales, y eso implica tender más puentes y derribar murallas. (O)
