Un mal de los políticos populistas irresponsables que han gobernado sus países ha sido el festín de los recursos públicos en medio de las grandes necesidades que tienen sumidos a los pueblos en la pobreza y la miseria, pero engañados por las mentiras y la demagogia que les mantienen enceguecidos y atrapados para que sigan votando por ellos.
Ese es el caso de una parte del pueblo argentino que sigue a la expresidenta del socialismo del siglo XXI, que ha sido sentenciada por corrupción a seis años e impuesta la inhabilitación perpetua de participación política, pero que por su edad le dieron arresto domiciliario. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la llamada “causa vialidad”, en la que se le acusó de haber direccionado obras públicas de manera irregular.
Según el fallo de la justicia, ella y su esposo (fallecido) habían creado antes de llegar al poder una empresa constructora, a la que luego le adjudicaron casi el 80 % de las obras viales que se realizaron durante los doce años de gobierno. La empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios y solo dos obras fueron finalizadas a tiempo. La mitad nunca se terminó, lo que significó una pérdida para el Estado de más de 500 millones de dólares, según el proceso.
El encargado de la empresa (Lázaro Báez), un hombre sin experiencia en la construcción y que fuera acusado de ser el testaferro, también fue condenado en la causa, al igual que siete exfuncionarios, quienes también comenzarán a pagar sus penas. Sin embargo de las evidencias exhibidas y las pruebas presentadas en el juicio, son audaces al repetir lo típico de los condenados: lawfare y persecución política.
Igual sucede en el Ecuador cuando fueron sentenciados veinte personas en el caso Sobornos, entre ellos un expresidente (prófugo), un exvicepresidente (único preso) y otros ex altos funcionarios y también empresarios que les cohecharon para lograr contratos públicos.
La corrupción no termina allí. En la actualidad se desarrolla otro juicio, obstaculizado por años, por presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto del 16 de abril del 2016 y en la que también es juzgado el mismo exvicepresidente que está preso y que tiene ya dos sentencias condenatorias ejecutoriadas.
En este caso se acusa de peculado, que comprometiera más de 200 millones de dólares del aporte extraordinario que dieran los ecuatorianos con la Ley de Solidaridad. Obras que dentro de la acusación fiscal no fueron prioritarias y, al contrario, “innecesarias, inexplicables y en áreas vulnerables”, testimoniadas por peritos y un técnico geólogo, de las cuales se habrían beneficiado intereses particulares y familiares de funcionarios públicos de la Revolución Ciudadana, hoy acusados, en la asignación y firma de contratos y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización.
Las pruebas y los testimonios de técnicos peritos corroboran estos hechos, mientras la defensa deslegitima en el discurso pero no ha presentado pruebas de descargo. Los dos procesados son el exvicepresidente, quien fuera presidente del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y su secretario, al que se le acusa de haber beneficiado a familiares con contratos. Pobres países, atrapados y engañados por los políticos corruptos. (O)