Cada nuevo año trae consigo la esperanza de tiempos mejores: en lo personal, familiar, para la ciudad, el país y, en última instancia, para la humanidad entera. En el Ecuador, este nuevo ciclo se inicia tras haber pasado de un ínterin marcado por la incertidumbre a la elección de un presidente con un amplio respaldo popular. Ese mandato mayoritario expresa expectativas claras y demandas acumuladas.
¿Cuál era –y sigue siendo– la hoja de ruta deseada por buena parte de la ciudadanía y, en parte, planteada por el actual Gobierno? En primer lugar, la necesidad de revisar a fondo el marco constitucional vigente. Para muchos, la Constitución de Montecristi se ha convertido en el origen de distorsiones institucionales y de un sistema que ha terminado favoreciendo a la corrupción e impunidad. A ello se suma la urgencia de reformar el Código de la Democracia y varias leyes orgánicas clave, como las de la Función Legislativa, educación intercultural y educación superior; recuperar el esquema clásico de las funciones del Estado; y suprimir organismos cuya actuación ha sido cuestionada, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura.
Asimismo, resulta imprescindible depurar la Función Judicial, así como normas legales y reglamentarias que hoy benefician a delincuentes y corruptos, en detrimento de la ciudadanía y de una administración pública eficiente. El clamor social es claro: combatir la delincuencia, imponer orden, recuperar la paz y fortalecer la disciplina ciudadana. Para ello, sería razonable conformar una comisión de juristas y expertos que elabore propuestas técnicas antes de iniciar los trámites correspondientes.
La reciente consulta popular frenó reformas estructurales y limitó nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado. En este contexto, el Ejecutivo deberá gobernar con los instrumentos legales disponibles, pero sin desatender la demanda social. Ello implica ampliar los círculos de decisión y dar paso a profesionales probos, con experiencia y capacidades reales en la gestión pública.
El país necesita avanzar en una misma dirección. Los poderes del Estado deben trabajar de forma coordinada para generar confianza, reactivar la economía, aumentar la producción y la productividad, atraer inversiones, impulsar una minería responsable, reducir impuestos y aranceles, seguir focalizando subsidios y abrir mercados mediante acuerdos comerciales. Todo ello debe ir acompañado del fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y bienestar social, así como del Seguro Social.
Para combatir a los grupos terroristas es indispensable dotar de garantías, equipamiento y respaldo institucional a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, recordando que los derechos humanos y constitucionales amparan a todos los ecuatorianos, incluidos quienes velan por el orden y la seguridad.
Poner orden en casa exige tiempo, decisión política y un gran acuerdo nacional que permita alcanzar gobernabilidad y emprender, con seriedad, las reformas constitucionales y legales pendientes. Esa es, quizá, la mayor esperanza que podemos depositar en este nuevo año. (O)
