En sorpresivos y sucesivos arranques el presidente de la República decidió poner sobre la mesa dos asuntos controversiales. El anuncio de una consulta popular sobre siete temas y la convocatoria a una manifestación callejera remecieron el tablero de la siempre inestable política ecuatoriana. Como seguramente lo esperaba el mandatario, ambos anuncios se impusieron como los asuntos centrales del debate y de la comidilla política. Al fin y al cabo, que la población se embarque inútilmente en discusiones ajenas a sus problemas diarios es algo que anhela cualquier político sagaz. Y el político que nos gobierna ha dado suficientes muestras de serlo, tanto que esas decisiones sorprendieron más a propios que a extraños, como se comprobó con el penoso intento de explicación de la ministra de Gobierno acerca de la consulta.

Larga experiencia tenemos del uso de las consultas populares como fuegos artificiales lanzados para distraer la atención cuando las cosas no pintan como esperan los gobiernos. Algunas ocasiones les han sido favorables, no por la aprobación de los temas consultados, sino porque ellos mismos, así como sus adversarios y buena parte de los medios las han interpretado como un triunfo del convocante. Los temas planteados ahora, que aún no son preguntas ya que no cuentan con los anexos que evidenciarían sus objetivos y les darían concreción, no constituyen una propuesta de políticas hacia el futuro. Lo único que el presidente hace con ellos es dibujar un campo de batalla. Establece un escenario para una lucha en la que él cree tener el control de las normas que regirán el enfrentamiento. Es un paso más hacia la polarización de la sociedad.

La convocatoria a una manifestación callejera en contra de la Corte Constitucional va en la misma dirección. Lleva la polarización a sus límites extremos y coloca la batalla en el peligroso escenario de la calle. Más allá del evidente contenido populista-autoritario de esta decisión (y de la provocadora colocación de vallas electrónicas con leyendas tendenciosas), el presidente juega con fuego al elegir a la calle como el espacio en que quiere dirimir su desacuerdo con la Corte Constitucional. Si la coloca ahí, es poque quiere que ese sea el escenario en que se procese el conflicto. Seguramente estará convencido, como la mayoría de los ecuatorianos, de que los integrantes de la Corte no armarán su contramanifestación, pero no prevé que sí habrá quienes recojan el guante y acepten la disputa callejera. ¿Qué va a hacer cuando eso ocurra? ¿Va a responder con la fuerza del Estado a una reacción imprudentemente provocada por una decisión que no tiene otro calificativo que inmadurez?

Los anuncios de la consulta y de la manifestación no solamente tensan la situación política y social, sino que contribuyen al deterioro de la institucionalidad democrática. Es cierto que la consulta popular es un instrumento básico de la democracia, pero lo es cuando proviene de la iniciativa ciudadana. Deja de serlo cuando es utilizado -como lo ha sido la mayoría de las veces- como instrumento político de los gobernantes. Asimismo, la manifestación callejera es un recurso que tiene la ciudadanía para hacerse oír. Convocada por un presidente en ejercicio es una provocación cargada de autoritarismo.

Con sabiduría, refiriéndose a la cloaca de las redes sociales, una joven milenial decía que ella escoge sus batallas. Ahí está el punto, saber escoger la batalla y el escenario. (O)