Un nuevo año empieza y, con este, la esperanza de los ecuatorianos en que desde el ámbito político se trabaje más y mejor para sacar adelante al país. Más aún en medio de un escenario en el que la violencia del crimen organizado campea y los retos económicos son amplios.

Para poder avanzar en esta situación es necesaria la colaboración de todo el país, pero desde el Gobierno del presidente Daniel Noboa y desde la Asamblea Nacional es necesario que se gestionen soluciones de manera adecuada y oportuna, ya que el Ecuador lo necesita urgentemente.

Por ello, varios de nuestros columnistas nos dicen las tareas en las que deberían enfocarse los poderes Ejecutivo y Legislativo en este 2026:

Nelsa Curbelo

El 2026 no admite ambigüedades. Un país acosado por el crimen organizado no puede darse el lujo de autoridades que dudan, se contradicen o miran hacia otro lado. La pregunta es inevitable: ¿quién gobierna realmente el Ecuador?

El Ejecutivo carga con una responsabilidad central. Respaldar a un presidente de la Judicatura seriamente cuestionado por sus vínculos con estructuras mafiosas no es un detalle menor: es una señal preocupante. Más delicado aún fue el comunicado oficial en el que se afirmó que el Estado no puede proteger a los jueces frente a la presión de las mafias. Cuando el Estado se declara incapaz de hacerlo, debilita su razón de ser y deja expuesta a la ciudadanía.

Deslindarse del narcotráfico exige hechos, no discursos. A veces gobernar implica decisiones incómodas: cortar vínculos, remover funcionarios, rectificar respaldos y asumir costos políticos. No se sana una herida sin limpiar antes lo que la infecta. Sanear la justicia, pedir cooperación internacional, desmontar redes de protección política y revisar decisiones que erosionan la credibilidad del Gobierno es su responsabilidad. También lo es reconocer errores en seguridad, energía, gestión y comunicación, y corregirlos a tiempo.

La Asamblea Nacional, por su parte, parece haber olvidado para qué existe. Su composición es un mosaico frágil de intereses particulares y cálculos personales. Con frecuencia legisla pensando más en la supervivencia política que en el bien común. El resultado es parálisis, ruido y desconfianza.

El país no necesita una Asamblea que compita en micrófonos ni un Ejecutivo que se excuse. Necesita instituciones que cuiden y protejan: justicia, seguridad, salud y educación para la gente común.

El 2026 exige algo elemental: decidir, cortar donde sea necesario y gobernar para sanar. (O)

Simón Pachano

Al parecer, el Gobierno ha decidido que el nuevo año se parezca en todos sus detalles al que terminó. Esto se desprende del orden de prioridades que ha marcado y que coloca en primer lugar a la seguridad, seguida por algunos acuerdos internacionales y por determinados equilibrios macroeconómicos.

Por lo visto hasta ahora, la seguridad se restringe al aspecto policial (en que los militares cumplen funciones de apoyo), sin una visión de conjunto del problema. No hay un claro seguimiento de la penetración de las mafias en la economía nacional y de ruta del dinero que generan esas actividades.

Los acuerdos internacionales no responden a una política exterior integral que defina la orientación del país en el mundo. Las relaciones basadas en los acercamientos personales del primer mandatario tienen un alcance muy limitado y no alcanzan a la concreción de acuerdos de mediano y largo plazo.

Los equilibrios macroeconómicos son muy importantes para estabilizar al país, pero no deben tomarse como sustitutos de las políticas económicas que establecen el día a día de la población.

Si siguen por esa vía, tanto el presidente como la Asamblea verán que la erosión de su credibilidad y de su aceptación se reducirán más rápidamente que en 2025. La visión gubernamental y legislativa ha sido táctica, no estratégica. Han impulsado acciones aisladas en los temas mencionados sin definiciones claras de políticas integrales. Es el momento de definirlas, con especial atención a las de carácter social (educación, salud, fortalecimiento ciudadano) y anticorrupción. Para ello es preciso contar con el equipo adecuado, que no lo tiene. Continuar en la misma ruta llevaría a su fracaso. (O)

Alfredo Saltos Guale

El trabajo fundamental que debe acometer el Gobierno y la Asamblea es recuperar el tiempo perdido sin concretar las obras y leyes ofertadas, y rescatar la credibilidad perdida, que avanza a pasos agigantados poniendo en grave riesgo la estabilidad del régimen y la continuidad democrática. No ilusionarse por las cifras favorables de algunos sectores importantes de la economía del 2025, que se han logrado gracias a un pujante segmento privado, aunque no se cuenta con el aporte significativo de inversión extranjera, de largo inferior a sus vecinos competidores, Perú y Colombia.

No es verdad que esté triunfando en la lucha contra la inseguridad: cada vez es más grave, siendo verdad lo que dice nuestro pueblo, que nadie está seguro en ninguna parte del país. Está verificado que no son solamente las mafias internacionales que lucran con el mercadeo ilegal de drogas las responsables, también pesan los delitos contra la sociedad cometidos por nacionales sin influencia extraña, y eso es culpabilidad absoluta del fracaso estatal.

Se pensaba que el resultado de la última consulta, perdida por el Gobierno, iba a constituirse en el mejor y más claro indicador de que la situación general es negativa, pero las pocas decisiones adoptadas después de ella son la mejor respuesta. El Gobierno carece de una buena y oportuna asesoría que lo haya conducido a una real reestructuración del gabinete, con pocas excepciones, quedando solamente imprimir a la marcha un cambio radical en beneficio de una mayor eficacia en que la política internacional debe ser manejada con precisión cirujana, a efectos de que no se incline por ninguna de las fuerzas hegemónicas mundiales: se las necesita a todas sin mirar el color de sus banderas. (O)

Gustavo Cortez Galecio

El recuperar la sensación de seguridad perdida, que es mucho más fuerte que la inseguridad misma, debería ser el principal eje temático que debería tener un Gobierno como el de Ecuador, la otrora valorada “isla de paz”.

Y digo eje porque de su recuperación dependen muchos otros temas fundamentales: el microcomercio, que no vuelve por el temor a las “vacunas” que los grupos de delincuencia organizada han impuesto en barrios y ciudadelas; las inversiones medias que dependen de la confianza de consumidores actualmente atemorizados; o los capitales mayores que dentro o hacia afuera no arriesgan más de lo que consideran seguro, para evitarse riesgos de contaminación de sus productos y sus cuentas. La obra pública, gran generadora de empleo, ahora también amagada por el delito de cuello blanco.

La vida social, que a los recientes adultos ya les había sido malograda en los tiempos de su adolescencia pandémica, no logra volver y eso es algo que la seguridad efectiva debe también devolver.

No es suficiente con realizar operativos y difundirlos como si fuesen un evento deportivo. La seguridad debe volver a ser un ecosistema posible, y no veo en el horizonte tema más importante que ese. (O)

Roberto Aspiazu Estrada

El gobierno del presidente Daniel Noboa debe enfocarse en su fortalecimiento luego de la derrota electoral en la consulta popular. La reestructuración light de su gabinete ministerial necesita ser profundizada, en especial en las áreas donde se evidencia falta de liderazgo y resultados. La autocrítica que analiza la “mesa chica” debe ser más rigurosa para identificar dónde hay que hacer cambios para recuperar capital político y la confianza ciudadana.

Si hay dificultad para identificar las flaquezas es cuestión de orientarse escuchando a la opinión pública. Siempre ofrece referentes para tener un norte y obrar con sentido común en función del interés general. Entre las prioridades: buscar una solución a la grave crisis del Sistema Nacional de Salud; redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, donde el régimen ha perdido credibilidad; lo propio en protección policial, donde el narcotráfico y el crimen organizado mantienen en zozobra permanente a la familia ecuatoriana; y atender con sentido emergente el concepto de seguridad energética, donde la producción petrolera declinante y el déficit de megavatios de generación ofrecen, por otra parte, una oportunidad extraordinaria de reactivación económica.

Respecto a la Asamblea Nacional, debe hacer un esfuerzo para garantizar una verdadera separación de poderes. No puede ser percibida como una comisaría política del Ejecutivo, tal como sucedió en la década correísta. Necesita cumplir a cabalidad no solo su rol legislador, sino también de fiscalización y control político, sin que haya condescendencia con fallos, omisiones y además corruptelas del poder. El caso Godoy es bastante revelador respecto al peligro de los requiebres de la institucionalidad. (O)

Katia Murrieta

Quizás, lo primero que se viene a la mente sería sobre lo que está en la superficie, por la gravedad de la situación que vivimos. Es decir, la violencia y la inseguridad generadas por el crimen organizado y sus derivados, como el narcoterrorismo que, pese a los esfuerzos del Gobierno, continúan, afectando enormemente nuestro diario vivir en todos los aspectos. Pero no se puede eliminar estos fenómenos si solo combatimos los efectos. Es como si, teniendo una fábrica de explosivos, quisiéramos apagar el incendio echando agua solo sobre el fuego, manteniendo intacta la maquinaria que los produce. Nuestra sociedad está descompuesta desde la raíz, casi no hay hogar y no hay quién marque la ruta de la moral, educación y disciplina que deben seguir los chicos. La pobreza alcanza, desde ha mucho, casi el 50 % de la población, lo cual significa insatisfacción de necesidades básicas. Si están parasitados porque les llega agua contaminada —cuando les llega—, seguirán padeciendo desnutrición crónica. Y si alguien les paga por el alquiler de sus hijos a las mafias, lo dan por bienvenido. La otra cara de la medalla está en la gente que mucha riqueza mal habida tiene, que se lía con los narcos y compra a quienes —no todos, por supuesto— ejercen el poder político y judicial, generando la incontrolable situación actual. Si no atacamos los orígenes, básicamente en salud y educación, nunca superaremos nuestra triste realidad. Es imperativo adoptar una agenda nacional de competitividad, que comprometa al Ejecutivo y Legislativo, y los obligue a avanzar en la misma dirección. (O)

Alfonso Reece Dousdebés

No hay que hurgar mucho en archivos y encuestas para encontrar cuál debe ser la principal tarea de los poderes del Estado (de los verdaderos, no de ese adefesio del quinto poder y sus anexos). La ola de violencia que vivimos es una de las peores amenazas que ha experimentado el país en toda su historia. Así de rotundo. El número de víctimas causadas por homicidios cada año excede al de todas las guerras internacionales que ha tenido el Ecuador y ningún conflicto civil produjo tan brutales cifras de muertos. Si no se ataja esa salvaje avalancha, el Ecuador puede convertirse en un Estado fallido, si no lo es ya.

Esto implica que el poder Ejecutivo diseñe y ponga a consideración de la sociedad un proyecto para afrontar esta guerra, porque de eso se trata, un plan en primer lugar, creíble, coherente y ejecutable con los medios de los que en verdad se dispone. Hasta ahora todo parece un conjunto desarticulado de medidas parciales. Corresponde al Legislativo proporcionar las herramientas legales y los medios jurídicos que permitan enfrentar el conflicto. Quienes obstaculicen esta magna tarea, ya se sabe, trabajan a favor del enemigo y habrá que proceder con ellos de otra manera. Esto fácil se dice, pero se requiere grandes dosis de entereza, de visión y, no hay que acholarse para llamarlo así, de patriotismo, virtudes que por el momento la clase política ha mostrado practicar solo parcialmente. Hay muchas cosas muy urgentes, pero dado el momento que vivimos, por desgracia, deberán postergarse o quedar en estado latente. (O)

Alberto Molina Flores

El presidente debe enfocar todo su esfuerzo en el nuevo año a mitigar la inseguridad, sin dejar de emplear con rigor a las Fuerzas Armadas y Policía, a resolver el problema de la salud para que haya una atención hospitalaria adecuada, sobre todo los turnos para las intervenciones quirúrgicas, con la entrega de las medicinas requeridas y la atención a enfermos que necesitan de diálisis; otra de las demandas urgentes es la creación de fuentes de trabajo.

El rescate de niños y adolescentes para que no sean presa fácil de las bandas criminales con programas de formación integral, deportes y educación técnica con el aporte de maestros y padres de familia.

Buscar la cooperación de la región, especialmente de los Gobiernos de Colombia y Perú, que sufren igual que en nuestro país el embate de las bandas criminales internacionales, del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal, del tráfico de armas, etc.

La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser implacable. Debe coadyuvar a depurar la justicia, que esta sea imparcial y confiable.

Que incorpore a su Gobierno a ciudadanos —hombres y mujeres— patriotas y de probidad reconocida.

Que la Asamblea Nacional legisle con seriedad y fiscalice sin dedicatoria. De manera urgente debe elaborar una nueva Ley de Seguridad Nacional; de esta forma, el presidente tendría un asesoramiento profesional y directo a través del secretario del Consejo de Seguridad, que debe ser un general en servicio activo que elabore los planes de seguridad nacional y coordine las actividades específicas de todos los organismos relacionados. (O)

Jorge G. Alvear Macías

En el 2026, el Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional deberían priorizar resultados, dentro de la institucionalidad y con reglas claras, evitando la confrontación estéril. A saber:

Primero, seguridad con legalidad reforzada. Junto con inteligencia financiera, control penitenciario y fortalecimiento de Fiscalía, jueces y Policía, el Ejecutivo debería solicitar a las Naciones Unidas la conformación de una comisión internacional contra la delincuencia organizada y la cooptación del Estado, que opere en Ecuador mediante tratado internacional, con fondos propios y expertos independientes. Su mandato inicial debe concentrarse en la depuración del sistema de justicia y policial, hoy vulnerados por redes criminales. La experiencia comparada muestra que estos mecanismos pueden romper capturas institucionales cuando el Estado carece de capacidades internas suficientes.

Segundo, economía y empleo con seguridad jurídica. Reactivar inversión requiere contratos estables, simplificación regulatoria y ejecución efectiva. Orden fiscal sin asfixiar al sector productivo ni a los Gobiernos locales.

Tercero, servicios públicos esenciales. Salud, educación y energía deben salir del cortoplacismo, con compras transparentes, mantenimiento e inversión en talento humano.

A ello debe retomarse la revisión ordenada de la Constitución: aprobando las enmiendas ya habilitadas por dictámenes de vía de la Corte Constitucional del Ecuador, pendientes tras la frustrada constituyente. Y tramitar las reformas que permitan la inversión privada en sectores estratégicos, la habilitación del arbitraje internacional en los convenios de inversión y la producción petrolera en áreas protegidas, con deliberación reforzada, cuidando no afectar principios estructurales o derechos de la naturaleza. (O)

Gilda Macías Carmigniani

Las acciones nacionales deben enfocarse desde una visión geopolítica global y la opinión de organismos de relevancia latinoamericana. La Cepal ha señalado tres trampas que perpetúan la incertidumbre y frenan el desarrollo: el insuficiente crecimiento económico, volátil, excluyente y no sostenible; alta desigualdad, baja movilidad y falta de cohesión social; capacidades institucionales debilitadas y gobernanza ineficaz. Es esencial reducir su impacto negativo.

Se reconocen los esfuerzos del Ejecutivo para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y la necesidad de apoyo internacional a fin de mejorar la seguridad ciudadana. Los sistemas de justicia, salud y educativo demandan reformas inmediatas para evitar su deterioro. La asignación de más recursos no será suficiente sin la ejemplaridad pública y rectitud de los funcionarios. Es fundamental simplificar la burocracia estatal.

El crecimiento económico requiere de inversión extranjera, alianzas sectoriales y respaldo ciudadano, lo cual exige la confianza en gobernantes íntegros y eficientes. La decepción ha sido frecuente, tanto por los oscuros contratos en energía térmica y plataformas digitales como en la fallida independencia judicial. Para 2026 se espera que el presidente Noboa logre acuerdos internacionales y conforme un gabinete probo y con trayectoria.

La Asamblea Nacional mantiene su dinámica: asambleístas poco formados, ausentes o distraídos, sin pensamiento crítico, y vulgares en muchos casos. No hay avances destacados en el trabajo de las comisiones. Fiscalización ha perdido su norte y las bancadas, en general, deciden con base en sus intereses, sin pensar en el país.

¿Será posible que los funcionarios a cargo de los poderes del Estado se interroguen sobre su rol ético en un enigmático 2026? (O)

Fabián Corral B.

El Gobierno debería enfocarse en el tema seguridad personal de la población, transparencia y mejor comunicación.

Gobernar no es solamente hacer. Es además transmitir e infundir confianza a través de la transparencia, y de la palabra, ser explícito en los proyectos y propiciar así alguna certeza en la comunidad.

La Asamblea está obligada a interpretar los mandatos democráticos y debe asumir que el sistema legal es el soporte necesario de las instituciones. Debe entonces obrar en consecuencia. (O)