“Una emboscada es una táctica militar consistente en un ataque sorpresivo contra una unidad enemiga que se encuentra en movimiento u ocupando una posición de manera temporal. Usualmente ocurre después de acecharla por un periodo de tiempo, suele ser un encuentro breve, no requiere capturar y/o mantener el terreno y es un combate a corta distancia”.
Emboscada, el término militar que se difundió en estos días y en todos los medios dentro y fuera del país, es lo que sufrió una unidad de élite del Ejército, por parte del Grupo de Ilegales Armados (GIA), en la que perdieron la vida 11 militares que tenían la misión de tomar el control de cuatro puntos específicos de minería ilegal en el sector de la cuenca del río Punino, dicho lugar se encuentra en la selva amazónica, en el límite entre las provincias de Napo y Orellana.
La minería ilegal se ha convertido en un grave problema para la seguridad del Estado, en las provincias de El Oro, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo son las de mayor actividad de la minería ilegal, no solo que extraen el oro que es riqueza del Estado, sino que hacen un terrible daño al ambiente, contaminando los ríos y deforestando la zona; a esto se suma que está ligada al crimen organizado convirtiéndose en territorios donde operan las mafias, en muchos de ellos como en la Amazonía no pueden ingresar las autoridades de control por los altos niveles de riesgo y violencia.
Los operativos de control antiminero ilegal se realizan empleando militares, policías y autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y Secretaría de Aguas. En 2001 se ejecutó el operativo Manatí I con el decomiso de 148 retroexcavadoras, maquinaria que bordea los 200 o 300 mil dólares c/u, dichas maquinarias o son devueltas por jueces corruptos o simplemente se pudren; igualmente, se conoce a sotto voce, que estas organizaciones que operan la minería ilegal cuentan con la complicidad de autoridades locales, jueces y de control minero. Se requiere urgente una depuración a fondo no solo del personal de los organismos de control minero, sino del catastro minero, es decir, del inventario minero único de las concesiones otorgadas por el Estado a particulares, donde se conoce campea la corrupción.
Volviendo a la emboscada sufrida por nuestros soldados que pagaron con su vida, un alto precio, en el fiel cumplimiento de su misión, ojalá esto sirva para reconocer el valor de una institución que se prepara rigurosamente y en la que sus miembros están dispuestos a entregar su vida en aras de la paz y seguridad ciudadana.
Igualmente, se debe exigir a los gobiernos vecinos, especialmente al de Colombia, el control de su frontera y de las bandas criminales que se financian, especialmente del narcotráfico, de la minería ilegal, que se expanden en todo el territorio colombiano y que operan en nuestro territorio como los Comandos de la Frontera, disidentes de las FARC, que pertenecían a los Frentes 32 y 48, que operaban en el departamento de Putumayo y que ahora lo hacen en nuestro territorio con las bandas terroristas de Los Lobos y Choneros. (O)