Eliminar la muerte cruzada

El 17 de mayo de 2023 la BBC News Mundo publicaba lo siguiente: “Ecuador vive días críticos: apenas un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, el presidente del país, Guillermo Lasso, decidió este miércoles disolver el Congreso y solicitar la convocatoria de elecciones generales...”.Era la primera vez que se aplicaba la reforma introducida en la Constitución del 2008 (arts. 130 y 148), por la cual se establece la figura de la “muerte cruzada”, que posibilita al Ejecutivo dar una estocada fatal al Legislativo y viceversa. El entonces presidente justificó su actuación alegando en el respectivo decreto la existencia de una “grave crisis política y convulsión interna”.Lo insólito de esta “argucia” jurídica es que, acto seguido, permite la reelección de los mismos expresidentes y exasambleístas. Entendemos que, si los unos o los otros se acogen a estas disposiciones constitucionales, cuyas causales están predeterminadas, es porque se considera que, al incumplirlas, no están sirviendo debidamente al país, razón por la cual se vuelve más incongruente todavía. Y lo es también porque se entra en un proceso de convulsión electoral que comienza con la convocatoria en los siguientes siete días, debiendo realizarse los comicios presidenciales y legislativos en un plazo de 90 días (artículo 50 de la LOFL), y proclamarse los resultados en siete días luego del sufragio, con la respectiva convocatoria a segunda vuelta, para 45 días después en caso de no lograrse una mayoría absoluta de votos válidos, teniendo el CNE siete días para anunciar los resultados. Luego viene la toma de posesión en un plazo de 15 días, debiendo los ganadores permanecer en sus cargos por el tiempo que faltaba a sus antecesores. Y vuelve a empezar el periplo eleccionario. Mientras, el presidente saliente puede gobernar por decreto, en materias específicas, por el lapso de seis meses.Durante toda esa etapa, a más del doble gasto que los dos procesos significaron, vivimos un clima de inseguridad y violencia en todos los aspectos, que repercutió negativamente en la economía, alejando la inversión nacional y extranjera, con grave perjuicio para los ciudadanos, que padecimos, además, el impacto de la elevación de los precios de los artículos de primera necesidad y de los servicios de todo tipo, y la abstención de hacer cualquier negocio.Por otro lado, a cualquier nuevo y fugaz gobernante no le resulta fácil administrar un pueblo con una situación económica y social en crisis, ya que debe improvisar para ir parchando los diez mil huecos que recibe de su predecesor, siendo muy difícil armar, de la noche a la mañana, un plan que le permita recoger las migajas del pasado y emprender un nuevo camino, y, más todavía, cuando puede ser candidato otra vez. La película vivida es como cuando el capitán se baja del buque en la mitad del océano, en plena tormenta, y toma el timón cualquiera de los pasajeros que no había tenido en mente la idea de llevar a puerto la frágil nave. Es inaceptable e irresponsable mantener al pueblo en permanente desasosiego, con sus consecuentes perjuicios. Una vez sufrida la experiencia, lógico sería eliminar esta nefasta figura. (O)

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