La Asamblea Nacional nuevamente ha violado la Constitución. En esta ocasión ha desconocido una sentencia constitucional emitida por un juez. En vez de seguir los cauces procesales que existen para que los jueces superiores revisen esa decisión, una mayoría de legisladores prefirió simplemente desacatarla. Bajo el pretexto de posesionarlo al Sr. González en el cargo de superintendente de Bancos, lo que en realidad hicieron fue designarlo mediante una resolución, cuando la Constitución asigna a otro poder esa facultad de nominación. Es decir, tanto la Asamblea como el mencionado señor se han arrogado funciones que no tienen sustento en la ley. Como resultado de esto, al Ecuador se lo arroja otra vez al pantano de la inseguridad jurídica. La economía y estabilidad del país se ven seriamente amenazadas por estas arbitrariedades, no se diga nuestra democracia. Lo curioso es que la Asamblea no ha tenido empacho en dejar por escrito su infracción. En efecto, en el art. 1.º de la resolución que votaron la semana pasada nuestros ilustrados legisladores se declaran libres de todo control por parte de la justicia y hasta amenazan a los jueces que se atrevan a hacerlo. ¿Qué tal si el presidente, la fiscal, el contralor, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación llegasen a expedir resoluciones en el mismo sentido: que no aceptarán ninguna interferencia judicial en sus actos? ¿Y qué tal si lo hacen cada uno de los ecuatorianos?

Resulta difícil encontrar en el planeta otro país donde buena parte de su clase política se dedique a destruirlo 24/7...

Ya la Asamblea irrespetó la Constitución que manda que su presidente debe durar dos años en su cargo. Ya hizo lo mismo cuando destituyó a uno de sus vicepresidentes por el “delito” de haber mocionado que se pida a la Corte Constitucional una opinión sobre un proyecto de ley en trámite. Ya atropellaron la Constitución al intentar un fraude electrónico en una votación, o al pretender derrocar al presidente invocando una causal que no aplicaba. Es más, acaban de aprobar una nueva ley mordaza que hace añicos a la libertad de expresión. Llegan al extremo de declarar al Estado el garante de la verdad (no es broma); crean una suerte de tribunal de inquisición para controlar los contenidos; y establecen solapadamente un odioso régimen de sanciones. Como si lo anterior no fuese suficiente, negó hace poco una serie de reformas que son vitales para garantizar la lucha contra la delincuencia en el marco de la ley. Y para remate la Asamblea ahora pretende destituir al ministro del Interior haciéndole el juego de esta manera al terrorismo y al narcotráfico.

Resulta difícil encontrar en el planeta otro país donde buena parte de su clase política se dedique a destruirlo 24/7, todo el día y todos los días. Con políticos así será difícil que el Ecuador venza las serias amenazas que hoy existen a su seguridad y desarrollo económico. El reciente atentado terrorista en Guayaquil es un otro ejemplo de esta manifiesta irresponsabilidad. Ahora resulta que muchos políticos han visto en semejante atrocidad una oportunidad más para promoverse mediáticamente. Increíble. A nuestros legisladores les gusta decir que ellos son el “primer poder” del Estado. No se sabe de dónde sacaron eso. Pero si tanto les gusta decir que son los primeros, al menos deberían hacer méritos para ganarse ese apelativo. Hasta tanto seguirán siendo el último poder. (O)