Es célebre la frase pronunciada por el rey francés Luis XIV, “L’État, c’est moi”, el Estado soy yo, que es utilizada cuando se habla sobre el absolutismo o concentración del poder político, en este caso, en una sola persona.
En democracia, el Estado, somos todos. Personalmente, no encuentro un concepto político y jurídico que me represente de mejor manera. No es la familia, porque es una agrupación marcada por el afecto y las poderosas relaciones de sangre, en la mayoría de los casos. No es el barrio, porque su alcance es limitado. No son las organizaciones privadas con las que estamos relacionados. No es la ciudad, porque si bien es también una institución jurídica, su ámbito es restringido. El Estado, en cambio, nos agrupa y en él estamos todos: individuos, familia, organizaciones, ciudades y cualquier otra instancia grupal.
El Estado es una creación cultural de la humanidad. Es la estructura de ordenamiento social para la convivencia. Es un concepto complejo porque se trata del sistema burocrático y formal para que podamos estar juntos. El Estado es una idea que se ha depurado a lo largo de los años. Forman parte de este concepto, otros que lo integran, como la soberanía, el territorio y la población.
Las formas de organización que adoptan los Estados son las que deciden quiénes se encuentran en el territorio sobre el cual su soberanía se ejerce. No son las de un grupo y menos las de una persona, como en el caso mencionado en el primer párrafo. Los diversos intereses de sus habitantes se resuelven en el marco de la institucionalidad pública, que es la estructura formal que permite regular situaciones de la vida en sociedad.
La Conaie no es el Estado, las empresas privadas no lo son, las ciudades tampoco. El gobierno de turno no es el Estado, pues es el grupo de personas que nos representan porque han sido electos como mandatarios, luego de procesos electorales preestablecidos en los sistemas democráticos, como lo es el ecuatoriano.
El rol de los gobiernos, en el Estado de derecho, es gestionar la institucionalidad pública que está estrictamente regulada por el sistema jurídico. Los gobiernos democráticos deben cumplir con los grandes objetivos planteados, esencialmente en sus constituciones que, también orientaron los planes de trabajo que fueron presentados a la ciudadanía por quienes participaron como candidatos, en las contiendas electorales que les permitieron llegar a ser mandatarios.
Fortalecer la institucionalidad pública es el objetivo básico para la convivencia. Atacarla y destruirla sistemáticamente, como lo hemos hecho siempre, es uno de los errores que cometemos los ecuatorianos, sobre todo, quienes consideran que representan a todos y por la fuerza pretenden imponer sus criterios. Por su parte, cada gobierno debe hacer lo necesario para actuar adecuadamente y buscar el bienestar colectivo, porque los mandatarios son los responsables de la gestión de lo público cuyo fin es alcanzar el más alto nivel de vigencia posible de la institucionalidad jurídica en la vida política y social. (O)
