La economía ecuatoriana en los últimos años ha tenido un crecimiento pobre, para pasar la página se requieren cambios estructurales, un sector fiscal bien administrado, un mercado laboral inclusivo (protegiendo el derecho al trabajo de los informales); mejorando la productividad y competitividad del sector privado; y robusteciendo el sector financiero y la seguridad social.
Para fortalecer las finanzas públicas (dado que la proforma presupuestaria del MEF para 2025 es deficitaria en $ 5.600 millones), combatir el crimen organizado y el contrabando, el Gobierno nacional tomó una medida histórica, elevó en un 56 % cada galón de diésel y desde diciembre 2025 incrementará en 5 % mensual, asunto que tendrá un efecto positivo en los sectores más pobres si los subsidios son temporales y pronto se focalizan en quienes realmente los necesitan.
Sin embargo, el crecimiento sostenido del país requiere otras reformas estructurales urgentes, entre ellas cerrar las brechas en la “Seguridad Social” (autoridades de control 2019-2022 identificaron problemas y soluciones puestas en conocimiento de las autoridades económicas para toma de decisiones), relacionadas con: (I) la contracción sostenida del total de aportes en el tiempo (solo 3,45 millones de afiliados hacen aportes), mientras que los beneficios se han incrementado (8 millones de personas los reciben), y buena parte de la fuerza laboral no aporta a la seguridad social, situación que se complejiza por el creciente sector informal y el envejecimiento rápido de la población; (II) el gobierno corporativo se ha subordinado a las necesidades fiscales y posee limitada rendición de cuentas; (III) baja viabilidad financiera debido a que decisiones políticas han incrementado las prestaciones sin financiamiento, amplificando la deuda del Estado con el IESS, con el consecuente impacto en las arcas fiscales.
Parecería obvio, plantear una reforma integral, no limitada al proyecto de “Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia”, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, que fortalezca la sostenibilidad, amplíe la cobertura y adecue las prestaciones a la situación de crisis de la seguridad social, centrándose como mínimo en: (I) modificar los parámetros de jubilación, referidos al monto de las aportaciones y/o número de años para acceder a la jubilación (que aunque impopular debemos considerar que la esperanza de vida ha aumentado, por lo tanto, para que el sistema de pensiones sea financieramente viable los parámetros citados se deben ajustar); (II) focalizar el subsidio estatal, pues actualmente es regresivo, es decir, lo reciben quienes menos lo necesitan; (III) exigir una jubilación patronal mensual cumplida obligatoriamente; (IV) incentivar el ahorro de empleados y empleadores.
Impulsar reformas estructurales requiere del capital político del Gobierno, de un proceso de socialización amplio, buscando que ciudadanos se encuentren identificados con las propuestas de reforma, cumpliendo con el principio de solidaridad (para lo cual es necesario reducir el trabajo informal), idoneidad y sostenibilidad, a la vez que fortalecer al gobierno corporativo para que el patrimonio de los afiliados se gestione bajo parámetros técnicos y mejores prácticas. (O)