Hoy es materia de críticas, cuestionamientos y reacciones por la fusión de instituciones y los despidos en el sector público, pero nada se dice ni se hace por mejorar los servicios y defender a los cinco millones, aproximadamente, de la población económicamente activa que vive en la informalidad, sin ningún amparo ni defensa de nadie y peor de cómodos políticos y dirigentes sindicales, que solo se aferran a los derechos adquiridos, pero nada a favor de los que no tienen nada absolutamente.

Todo despido es doloroso por las implicaciones sociales y económicas que tiene en el entorno familiar, pero solo se habla del efecto de este hecho y no de las causas que conducen a estas decisiones, como una abultada y crecida burocracia, gran parte de ella ineficiente y que en lugar de ser ágil y mejorar los procesos de atención a los usuarios cae en un sistema engorroso, en contraste con los ciudadanos que sienten impotencia frente a la lentitud de los trámites.

Así como hay muy buenos técnicos y funcionarios públicos, con amplia experiencia, existen también pipones, vividores, malos empleados, que hay que identificarlos, y malos dirigentes (que dedican su tiempo a la supuesta defensa de los trabajadores), con padrinos políticos de turno que acceden a un puesto supuestamente de servicio a la comunidad, pero que han lucrado de los dineros del Estado. Allí están casos de dirigentes sindicales (IESS) y de contratos colectivos leoninos en los sectores eléctrico, petrolero, de las telecomunicaciones.

Si hubiese una consulta popular con la pregunta al pueblo ecuatoriano de si está de acuerdo con el actual sistema de atención de los servicios públicos, todos los procesos de trámites y la burocracia en sí misma, la inmensa mayoría (salvo dirigentes sindicales y los afectados directa e indirectamente por los 5.000 despidos) votaría por decir “No más a la continuación de este sistema ineficiente y corrupto”, y rechazará el actual estado de cosas que genera indignación, rabia e impotencia.

Cómo se pueden defender las ineficiencias en la atención de los servicios públicos, que incluye a la mayoría de deficientes Gobiernos locales y provinciales que, como en la Costa (el caso de Esmeraldas) la dotación de agua potable, alcantarillado, servicios sanitarios, la recolección de la basura, reparaciones de la energía eléctrica y la telefonía pública es un desastre, que hacen lo que quieren, en medio de la impotencia de los ciudadanos.

Cuándo en el país se transforman los pliegos de peticiones en pliegos de ofrecimientos de mejoramiento de los servicios públicos, con metas y objetivos concretos, como ocurre en otros países desarrollados; que vaya a la par de los derechos legítimos, las responsabilidades y obligaciones de ofrecer una buena y ágil atención.

Hay políticos cuestionados y perseguidos por la justicia que tienen la audacia de tratar de dar lecciones de moral y de buena administración cuando fueron ineficientes y despilfarradores al aumentar burocracia y ministerios, con el incremento de gasto corriente, en lugar de volverle austera y eficiente a la administración pública. Llegaron a crear una Secretaría del Buen Vivir, con nuevos puestos de trabajo, que solo sirvió para la felicidad de unos pocos funcionarios públicos, amigos y cercanos a ese régimen corrupto. (O)