Al parecer nuevamente el sistema judicial será declarado en “emergencia”. Al menos la nueva legislación aprobada así lo permite. Se ha otorgado –en una simple disposición transitoria– la facultad de designar a nuevos jueces bajo un régimen “especial y expedito”.

La Asamblea debió aclararnos a los ecuatorianos en qué consistirá ese régimen “especial y expedito” y no dejarlo así, como un simple cheque en blanco. La mencionada facultad ha sido cuestionada en sendas demandas que se ha presentado ante la Corte Constitucional. Al margen de lo que la Corte Constitucional llegue a resolver sobre este punto, no hay duda de que el sistema judicial del país requiere de una profunda reforma. El problema es y siempre ha sido definir cuál es la mejor vía para lograr ese objetivo.

Para muestra basta recordar que la última vez que se optó por declarar al poder judicial “en emergencia” lo que se provocó fue una crisis de la cual no salimos aún. Buena parte de los jueces de los que hoy la ciudadanía con justa razón se lamenta por su falta de conocimientos y escasa probidad fueron precisamente seleccionados bajo el paraguas de esa declaratoria de “emergencia”.

Aún yace en la retina de los ecuatorianos la escalada de meter las manos en la justicia, de quienes protagonizaron ese asalto y de los mecanismos que se usaron para hacerlo. Uno de ellos, repito, fue este de “declarar en emergencia” a la Función Judicial. De allí salieron los jueces golondrinas, los jueces que sentenciaban en favor del caudillo, de sus ministros y de los familiares de sus ministros sendas sentencias de indemnización de daños, de allí salieron lo jueces que se prestan para el abuso en contra de empresas multinacionales, que luego terminan demandando al Estado ecuatoriano ante tribunales internacionales para el desprestigio del país ante la comunidad de inversionistas.

Toda esa lacra que se prestó para que un alto jerarca político de un partido supuestamente “cristiano” se enriquezca a costa de un banco público, eso y más salió gracias a los magos y arlequines que fraguaron el estado de “emergencia” del poder judicial. ¿Cómo será nuestro sistema judicial que las cortes supremas de países como Argentina, Brasil, Canadá, entre otros, se han negado a ejecutar una sentencia de nuestro más alto tribunal de justicia por serios indicios de corrupción? Aún estamos a tiempo de recapacitar antes de lanzar al país por la pendiente del desprestigiado mecanismo de “declarar en emergencia” al poder judicial. Una reforma judicial seria no es imposible. Ella debe abarcar los tres ejes de todo sistema legal: sus normas, sus instituciones y su cultura. Otras naciones lo han logrado, con la participación de la sociedad civil y de instancias internacionales. Son reformas que han incluido desde la educación legal en universidades; el régimen de exámenes nacionales rigurosos para obtener una licencia profesional; hasta un sistema de control sobre la conducta de los abogados, uno que permita la revocación de su estatus profesional por sus abusos; y un régimen transparente de ingreso a la judicatura, con garantías de estabilidad, ascenso e ingresos económicos.

La independencia y profesionalismo judicial es esencial no solo para el desarrollo económico, que ya es bastante, sino para nuestra democracia. (O)