El gran negocio del narcotráfico tiene su base en la demanda mundial de estupefacientes. Cada vez hay más consumidores por las sensaciones placenteras que les causan. El hedonismo es la base de la demanda. Mientras la haya, alguien la satisfará haciendo negocio. No es difícil conseguir cocaína o fentanilo porque los vendedores están a la vuelta de la esquina. El consumidor enviciado no tiene en cuenta que está destruyendo su salud y, si es joven, también su futuro. Es un problema de salud de las personas que la sociedad está obligada a defender haciendo más severos los tipos delictivos que persiguen la fabricación y el tráfico de estupefacientes.
Si el comercio de sustancias prohibidas trasciende las fronteras, los países deberían acordar una especie de jurisdicción universal para combatir tales actividades ilícitas para defender la salud de los hombres y mujeres del planeta.
Hace falta prevenir explicando a los niños y los jóvenes en los centros educativos el daño que causa el consumo de drogas. Las mallas curriculares deben adecuarse a los cambios de los tiempos. Tiene sentido combatir el negocio con toda la fuerza del Estado, sabiendo lo poderosos que se han hecho los delincuentes, pues parece que han corrompido muchas instancias de los Gobiernos. Los noticieros muestran los miles de hectáreas dedicadas al cultivo de cocaína, los laboratorios para su refinamiento y hasta los submarinos caseros para transportar droga en grandes cantidades.
Por nuestra vecindad con Colombia, somos el país ideal para transportar toneladas de droga por los océanos. Hay que reconocer la habilidad de los narcos y su poder letal. El Gobierno ha declarado una guerra contra los delincuentes y debe ser apoyado por todos. Son esenciales en esta guerra las Fuerzas Armadas, la Policía, los jueces y magistrados, los que cuidan las cárceles y los medios de comunicación.
Muchos de los asesinatos se deben a la guerra interna de los carteles de la droga por el control de los mercados. Se matan entre ellos, pero también a terceros inocentes, víctimas colaterales.
No podemos permitir que los abogados de los narcos se escurran por los vericuetos que permiten las leyes para permanecer impunes. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dice un antiguo refrán.
No solo es asunto de las leyes, sino también de quienes deben combatir los delitos que dañan la juventud y la sociedad. Quienes tienen la función de nombrar jueces y fiscales no pueden cometer errores; deben seleccionar a juristas honrados, que puedan mostrar una vida limpia y tener los conocimientos necesarios para administrar justicia.
La estabilidad y progreso de una sociedad depende en mucho de la calidad moral de sus jueces. Esta es una verdad proclamada por todos los pensadores de la política. Tanto los magistrados que integran las cortes de última instancia como los jueces que inician los procesos, especialmente los de causas penales, deben tener en cuenta que su misión es casi sagrada. Sus decisiones vertebran el Estado de derecho. Si no cumplen con su deber, deben ser separados de sus cargos y juzgados como delincuentes, antes de convertirnos en un narco-Estado. (O)
