La gente de izquierda tiende a pensar que los delincuentes son una suerte de revolucionarios apurados, que optan por “redistribuir la riqueza” a punta de pistola… aunque, bueno, toda redistribución se realiza a punta de pistola. El caso es que la abrumadora mayoría de las víctimas de los delitos son pobres, los ricos tienen medios para defenderse. Y los efectos negativos del crimen van más allá del mero daño infligido directamente. Los costos de seguridad contribuyen necesariamente a aumentar los precios, por obvias razones. Los gastos de seguridad de los bancos son el mayor costo no financiero de sus operaciones y elevan las tasas de interés. El turismo, que es una industria cobarde, se esfuma ante la inseguridad, más si los países emisores de grandes flujos de turistas advierten del peligro a sus nacionales. Y podemos sostener el teorema de que los problemas de tránsito en las ciudades no se arreglarán mientras no disminuyan los índices criminales.

¿Qué hacemos, porque esto está intolerable? Bueno, por lo menos hay que reformar dos cuerpos de leyes. Oiga, oiga… ¿no era usted el que andaba diciendo que no hay que pretender arreglarlo todo con leyes? Y lo sostengo. Es muy difícil conseguir que una ley “buena” arregle algún problema social importante. Pero las malas leyes sí hacen daño y, a menudo, grave daño. Hay que reformarlas cuando no sea posible derogarlas integralmente. Y ese es el caso de las normas que han dejado inermes a la policía, a los fiscales y a los jueces, favoreciendo exageradamente al delincuente. Así se debe parar la hemorragia de habeas corpus. Otro ejemplo, hay que normar el uso progresivo de la fuerza, hemos visto un video en el que dos agentes de la fuerza pública salen corriendo del escenario de un asalto. ¿Cobardes? No, es lo único que pueden hacer, porque de acuerdo con la ley tendrían que ponerse a conversar con los ladrones y convencerlos, por las buenas, de que no roben, de que no sean malitos.

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Hay quienes sostienen que la principal causa de la ola delictiva que vivimos es el desempleo. Teniendo claro que estos fenómenos siempre tienen múltiples causas, no es ilógico pensar que una de ellas puede ser la falta de empleo. Entonces ataquemos el mal en sus causas y no solo en sus efectos. Para disminuir el paro en este país se requiere una reforma profunda de las leyes laborales que antes hacían que la contratación fuera poco atractiva, pero que ahora la han convertido en francamente peligrosa. Un patrono que se equivoque al cumplir ciertas leyes no solo está expuesto a recibir onerosas multas, que no irán al trabajador, sino al fisco, sino que puede ir a prisión. Las barbaridades de la legislación laboral ecuatoriana a juristas extranjeros les provocan risa y a los nacionales, llanto. No parece que se necesiten acciones muy complicadas, porque puesto que el problema está en la propia ley, ya ayudaría mucho el reformarla. Pero las distintas funciones del Estado, ocupadas en sus rencillas miserables, están poco interesadas en hacerlo y no lo harán. A pesar de su sencillez, se requiere valor para enfrentar ideas que han arraigado profundamente en este país saturado de envidia. (O)