Hay formas elegantes de presionar a un tribunal. No hacen falta tanques en las calles ni desmantelar tribunales a la vista de todos. A veces basta con activar, de manera selectiva, los engranajes del control administrativo. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Ecuador con la actuación de la Contraloría frente a los jueces de la Corte Constitucional.

Se dirá –como siempre– que todo es perfectamente legal. Que la Contraloría cumple su función. Que nadie está por encima del escrutinio. Y todo eso es cierto. El problema no es la existencia del control, sino su uso. Cuando los mecanismos de fiscalización se activan selectivamente contra quienes incomodan al poder, dejan de ser herramientas técnicas y se convierten en instrumentos de manipulación política.

No es necesario ser particularmente suspicaz para advertir el patrón. Los jueces del único órgano que ha ejercido algún tipo de contrapeso al poder de turno son precisamente quienes están hoy bajo la lupa. ¿Coincidencia? Quizá. Pero todos sabemos que, en Ecuador, estas coincidencias casi siempre tienen explicación.

Lo que está en juego aquí no es la situación individual de magistrados, sino algo más importante: la posibilidad real de que exista un órgano capaz de decir “no” al poder de turno sin pagar un costo personal por ello.

Estas dinámicas no son nuevas en la historia reciente del país. En el gobierno de Rafael Correa, el país fue testigo de cómo la independencia judicial podía ser vaciada de contenido sin necesidad de eliminar formalmente las instituciones. Bastaba con alinearlas, disciplinarlas, recordarles –de forma más o menos explícita– cuáles eran los límites de lo tolerable.

Hoy estamos viendo un eco preocupante de ese modelo. No se trata de reconfigurar todo el sistema de una sola vez, sino de ejercer presión quirúrgica sobre los puntos de resistencia. Y, en el Ecuador actual, ese punto de resistencia tiene nombre: la Corte Constitucional (CC).

Desde mi experiencia profesional como abogado, lo digo sin rodeos: la CC es, hoy, el único órgano judicial en el Ecuador que no está estructuralmente contaminado por corrupción o manipulación política. Por supuesto, eso no la convierte en infalible. Varias de sus decisiones han sido –a mi juicio y al de muchos– cuestionables desde una perspectiva ideológica o jurídica. Lo que ningún abogado del país pone en duda –y esto es crucial– es la honestidad de sus jueces.

A diferencia de lo que ocurre en otros espacios del sistema judicial, existe la convicción de que los magistrados constitucionales deciden conforme a su verdadero criterio jurídico, no en función de presiones, favores o “regalitos”. Hay, con todos sus defectos, independencia. Y es justamente esa independencia la que incomoda.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos en los que los tribunales constitucionales son primero cuestionados, luego debilitados y finalmente neutralizados. Ecuador corre el riesgo de repetir ese ciclo. Y, de suceder, perdería algo más que una corte incómoda: perdería el último espacio donde la justicia todavía tiene una oportunidad real de imponerse sobre el poder. (O)