Siempre debería perseguirse conocer los hechos y todas las circunstancias alrededor de aquellos. Si se tiene conciencia que se requieren correctivos, posiblemente la decisión de acceder de inmediato a estos, en la mayoría de los casos es posible, pero a veces no es posible hacerlo, entonces hay que asumir la imposibilidad y debería establecerse una gradación para implementarlos, o diferir la solución, proponer compensaciones o generar alternativas. Siempre sustentar por qué se toman decisiones. Lo que no se debe hacer es negar la realidad u ocultarla, alterar evidencias o crear distorsiones. Nunca es aceptable la teoría de las mentiras piadosas, tampoco la práctica de que la basura debe esconderse bajo la alfombra.
En el caso del precio subsidiado del diésel, se conocía de este y se sospechaba del desvío del producto subsidiado hacia consumos ilícitos –no sé si había indicios verificados, por lo tanto, susceptibles de sanción, y si se los procesó o no–. Pregunto, ¿se han verificado costos reales?, ¿habrá costos por ineficiencias y se las está corrigiendo? De entrada, con el alza se fijaron compensaciones que se las siguen incrementando, ¿se trasladan estas al precio final de lo que se transporta o esto está prohibido? Con el paso de los días se verificará el impacto en los precios de bienes y servicios.
En hechos por sancionar, está lo actuado por personal de la Fuerza Aérea en el caso de los menores de Las Malvinas cuando la noche del 8 de diciembre de 2024 a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, a Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, por supuestas sospechas, en centro comercial del sur de Guayaquil, se los llevaron, sin registrar la aprehensión, los castigaron y los abandonaron en sector rural, en la noche, golpeados y desnudos, encontrándoselos muertos e incinerados días después. Inicialmente, para que el hecho no aparezca como abuso de autoridad, que afecte a actuaciones de patrullas militares, se forjaron incidentes procesales como quemar tiempo para que caduque la prisión preventiva, incidentes que no son habilidades jurídicas, sino mañoserías. Lo que no debe llevar a suponer que así siempre actúan las patrullas militares.
Tampoco son admisibles las generalizaciones, que podrían ser como echar estiércol con ventilador.
Se denuncia que habría un engranaje mafioso de apuestas en el fútbol ecuatoriano, pero no se debe prejuzgar sino investigar sobre operadores, casas o centros de apuestas y flujos que están en curso, así como a los beneficiarios. También sobre equipos y jugadores. El mercado de apuestas puede llegar a ser peor que los juegos de azar, si se corrompe y se controla mafiosamente.
Un investigador de La Posta señala que hay un mercado de venta de títulos de educación superior que asusta. No se debe generalizar para el desprestigio del sistema universitario. Las autoridades del sistema universitario y las de las universidades mencionadas en la investigación deben perseguir severas sanciones para involucrados y beneficiarios de las titulaciones ilícitas.
Lo relativo a la seguridad social, sus recursos y sus prestaciones, es muy complejo, y lo vamos a analizar. (O)