Unanimidad es el principio de la eficiencia política para estimular el desarrollo productivo y el crecimiento económico que necesita nuestro país. La reciente aprobación del proyecto de Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual por el pleno de la Asamblea Nacional refleja que la formulación de política pública es un proceso donde el consenso puede alcanzar resultados políticos eficientes, dentro del esquema democrático, reduciendo la ineficacia política.

El apoyo unánime a la Ley Orgánica para la Transformación Digital parte del consenso de la Función Ejecutiva y la Función Legislativa de atraer inversiones a través del fomento de la transformación digital, estableciendo un marco normativo, seguro y confiable, para impulsar la digitalización de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad. A partir de este objetivo, la Ley busca digitalizar y simplificar la administración pública y crear empleos de calidad, principalmente en el sector tecnológico y en la economía digital y de servicios, con especial énfasis en la industria audiovisual, considerada sector de interés nacional.

Oportunidad digital

La digitalización, como aceleradora de crecimiento, exige una política pública ágil, flexible y segura para dar certidumbre a la inversión y al desarrollo digital sostenible. La Ley plantea una reforma a la Ley de Telecomunicaciones enfocada a la implementación de redes comunitarias para prestar servicios públicos de manera digital en zonas más necesitadas; en materia comercial propone reformas al código de comercio, que fomentan el comercio electrónico, la posesión de títulos de valor electrónicos y el uso de la firma electrónica; proyecta incentivos tributarios a la prestación de servicios digitales, focalizados en la demanda de energía para operar la infraestructura tecnológica y el uso intensivo de internet y datos que caracterizan a la industria; se crearía el Certificado de Inversión Audiovisual a favor de productoras nacionales y extranjeras por el 37 % de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales, y podrá ser utilizado como crédito tributario de los impuestos administrados por el SRI.

En materia de educación para la transformación digital, las instituciones públicas y privadas deben integrar en las mallas curriculares el desarrollo de habilidades y capacidades digitales, contar dentro de su planta docente con un mínimo de 5 % de profesores para ejercer labores académicas en modalidad virtual y fomentar la internacionalización de la oferta académica. Por su parte, el Estado promoverá la alfabetización digital en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación.

Un aporte sustentable del proyecto de Ley es el “destino de residuos digitales”, con el fin de realizar una gestión ecológicamente responsable de la infraestructura obsoleta.

El apoyo unánime de las funciones del Estado a la transformación digital, que fortalece la competitividad de nuestro país, plantea el desafío de progresar la política pública hacia mayores y más ambiciosos niveles de eficiencia, que solo una política digital inteligente, responsiva y sostenible puede alcanzar. (O)