Crear oportunidades para el progreso sostenido exige integrar la digitalización con mayor agilidad y velocidad en el sistema productivo y comercial. Una integración con enfoque de derechos fundamentales, entendidos como estándares que garantizan un desarrollo centrado en las personas, su dignidad e integridad en la cadena de valor del triple dividendo: empleo digno, productividad inclusiva y crecimiento equitativo.

Accionar un plan de desarrollo digital, que se fundamenta en la consideración del acceso a internet seguro como un derecho humano que es interdependiente e indivisible con los derechos al trabajo, a la educación y a la salud, obliga al Estado a garantizar una infraestructura digital que responda de manera progresiva a las necesidades de conectividad social segura: conectar a la población no conectada y conectar con mayor calidad a la población conectada. Acceso, calidad y seguridad son tres presiones económicas y sociales que exigen celeridad de acción.

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que un aumento promedio del 10 % en la penetración de banda ancha en los países de América Latina provocó una subida del 3,19 % del PIB y el 2,61 % de la productividad, generando más de 67.000 empleos directos. A primera vista, la solución inmediata radica en la necesidad de focalizar inversión pública, multilateral y privada para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, acelerar la modernización tecnológica del sistema productivo y desarrollar habilidades digitales de la fuerza laboral. Esta transformación de la mano de obra digital plantea la necesidad de fortalecer el valor de la hora laboral y flexibilizar la jornada del trabajo digital, dos mecanismos que dinamizan la productividad digital hacia un enfoque de inclusión, donde la juventud, en especial de las zonas rurales y mujeres, reclama mayores oportunidades y mejores condiciones laborales.

El desafío que el sector privado enfrenta para crear una oferta de valor digital de productos y servicios escalables hacia la exportación digital es ambicioso, de igual manera lo es para el Estado: acelerar su automatización permitiría simplificar, agilizar y transparentar el complejo y opaco sistema de tramitología burocrática que asfixia al sector productivo y comercial. Un Estado facilitador para el progreso debe mirarse hacia adentro y agilizar una transformación institucional que represente un equilibrio de esfuerzos entre el sector público y el privado. Un esfuerzo compartido que permita crear una nueva forma de hacer gestión pública y privada para el crecimiento inclusivo, equitativo y sostenido.

La digitalización de la economía avanza aceleradamente, provocando presiones de transformación para mejorar la productividad, promover la inclusión y proporcionar mayores beneficios sociales. Hacer política pública segmentada y centralizada por especialidad o materia constituye un retroceso en la forma de gestionar las oportunidades del progreso sostenible. La innovación digital ejerce presión para diseñar políticas públicas y regulaciones más transversales, flexibles y ágiles: una nueva forma de hacer política. (O)