Lo que parece no previeron los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior del Ecuador es que los presos colombianos expulsados, que cumplían condenadas impuestas por jueces ecuatorianos, por delitos cometidos en Ecuador, y que fueron luego conducidos en buses con sus uniformes color naranja hasta los puestos de inmigración de nuestro vecino país, en el puente de Rumichaca, caminan en su mayoría libres por Ipiales y otras ciudades colombianas, porque al acercarse a las oficinas de inmigración del país del norte, los que no tenían órdenes de arresto, ingresaron a su país y gozan de libertad.
En realidad, la deportación dispuesta por Ecuador fue una orden de libertad para ellos.
De la información que circula, fueron 603 los presos deportados a Colombia, de los cuales solamente 11 tenían órdenes de detención dictadas por jueces colombianos; los otros, la mayoría, se habrán trasladado a donde quisieron, y no se descarta que muchos o pocos vuelvan a Ecuador, por los cientos de pasos ilegales que existen en la frontera; ciertamente, si eso escogen, no ingresarán por las oficinas de inmigración de Ecuador; son criminales, no ingenuos, y deben tener sus centros operacionales en nuestro territorio, y, más todavía, más que probablemente, suponemos que tendrán mujer e hijos, y no querrán esperar cuarenta años para ingresar legalmente al país.
Entiendo que nuestras autoridades tienen prevista la deportación total de más de un millar de presos colombianos. La deportación de los presos colombianos debe estar creando entre los presos de otras nacionalidades la esperanza de ser deportados a sus países, donde pueden recuperar su libertad. ¡Funesto precedente!
Pero, volviendo al asunto de las prácticas de buena vecindad, hay que tomar muy en cuenta que este incidente –que no es uno menor– ha dado lugar a una protesta muy seria del Gobierno de Colombia, que considera a la decisión unilateral de Ecuador –que así la califican– como “un acto inamistoso”.
Esta es parte de un lenguaje diplomático de las naciones, de muchos siglos, para significar la advertencia de un acto de guerra. El presidente Petro previene de lo desastroso que sería un conflicto en el interior de la Gran Colombia, en la que él cree mucho, y rinde, de paso, homenaje a la quiteña Manuela Sáenz.
La Cancillería ecuatoriana alega que no se trata de una deportación masiva, porque el caso de cada deportado colombiano tiene su trámite individualizado, pero lo cierto es que la prensa internacional presenció y reportó en sus noticieros la deportación masiva de los presos colombianos en varios buses hasta el puente fronterizo de Rumichaca, donde, individualmente, ingresaron y se internaron en territorio colombiano.
El Gobierno debe hacer sus mejores esfuerzos para superar este grave incidente con Colombia. Al presidente Noboa le escuché decir que Colombia nos estaba vendiendo electricidad hidráulicamente generada, a un precio muy menor al de la producida con combustibles fósiles. Esperemos que esto continúe así, sin retorsiones, represalias. (O)
