En política exterior, la inacción también comunica y la decisión del presidente Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos, no puede reducirse al calificativo ligero de “berrinche”, como sostienen un sector de la oposición y algunos gremios comerciales. Se trata, más bien, de una respuesta política y estratégica frente a una amenaza transnacional que ha sido sistemáticamente ignorada por el Estado colombiano.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya trayectoria política está marcada por su militancia en el M-19, ha construido un discurso ambiguo frente al narcotráfico y los grupos
armados ilegales. En su administración, Colombia ha alcanzado cifras históricas en cultivos de coca, superando las 260.000 hectáreas en 2025, con una concentración alarmante en los departamentos del sur, fronterizos con el Ecuador. Esta situación llevó incluso a la descertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, un hecho de enorme gravedad política y diplomática.
Ese deterioro del control territorial ha convertido a la frontera colombo-ecuatoriana en un corredor activo de criminalidad organizada. Disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras armadas operan con relativa libertad en Nariño y Putumayo, proyectando su violencia hacia Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Secuestros, extorsiones, minería ilegal y narcotráfico no son fenómenos autóctonos, espontáneos ni aislados, sino consecuencias directas de la ausencia efectiva del Estado colombiano en esas zonas.
Desde una perspectiva estrictamente política, la medida adoptada por el presidente Daniel Noboa envía una señal clara tanto al interior como al exterior del país: el Ecuador ha dejado de administrar la inseguridad como una fatalidad inevitable. En un contexto regional marcado por la ambigüedad y el cálculo político, la decisión rompe con la lógica de la complacencia diplomática y posiciona al país como un actor que exige con firmeza resultados concretos y no solo declaraciones de buena voluntad.
El Gobierno ecuatoriano ha solicitado de manera reiterada cooperación real y corresponsabilidad en el control fronterizo. Las respuestas han sido insuficientes, episódicas y más simbólicas que estructurales. Frente a esta falta de compromiso, el arancel impuesto constituye una medida legítima de presión política y económica, orientada a compensar los costos que el Ecuador asume en solitario.
La reacción de Colombia –suspensión de la venta de energía eléctrica, aumento de aranceles y represalias comerciales– confirma que la decisión ecuatoriana tocó intereses sensibles. Sectores comerciales cuestionan la medida en nombre del libre comercio, pero omiten deliberadamente el impacto devastador que el narcotráfico y la violencia importada tienen sobre la seguridad, la economía y la cohesión social del país.
Esto no es un berrinche, es firmeza. Es el ejercicio soberano del derecho de un Estado a exigir responsabilidad compartida. En la lucha contra el crimen organizado transnacional la complacencia no es neutralidad: es renuncia o complicidad. La medida dará resultados pronto. (O)
