Por mucho menos calificamos al gobierno de Rafael Correa como dictatorial. Desde el primer periodo de Daniel Noboa nos preguntábamos cuál era su comprensión sobre la política, la democracia y la economía. La movilización indígena ha terminado por develar este misterio. Es, justamente, en los periodos de excepción y crisis donde se revela la verdadera naturaleza de las instituciones y personas. Se ha mostrado a todo el mundo su carácter autoritario, racista y sus pretensiones extractivas.
El día 12 de octubre se realizaron en Quito movilizaciones, protagonizadas en su mayoría por los ciudadanos de esta ciudad. Las marchas pacíficas fueron impedidas de avanzar, y sin provocación alguna fueron reprimidas por militares y policías. Esto revela en primer lugar el uso de fuerzas militares para impedir de manera arbitraria la expresión de disconformidad con su régimen y políticas económicas, limitando el ejercicio del derecho a la libre expresión y asociación. El Estado ecuatoriano, y especialmente Noboa, usa los “estados de excepción” para limitar el ejercicio de nuestros derechos políticos. Sistemáticamente ha omitido el cumplimiento de los procedimientos legales y formales, lo cual ha debilitado el Estado de derecho y la democracia. En este último episodio, el Gobierno ha infringido de manera intencional el derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada, ha cerrado medios de comunicación y congelado cuentas individuales, en un atentado a los derechos civiles de los ciudadanos. Se ha propuesto menoscabar y confrontar la institucionalidad democrática, y ha cooptado los diferentes poderes del Estado. Además, el Gobierno ha instalado un estado de propaganda con su política de TikTok, donde a costa de la crisis de seguridad que atravesamos (que sea dicho de paso no hay mejora alguna) pretende estigmatizar a cualquier organización e individuo opositor como criminal y justificar el desmedido uso de la fuerza coercitiva del Estado. Así ha logrado una política de miedo y que los ciudadanos renuncien a su sentido crítico, aplaudan la disminución de libertades civiles y políticas.
En un hecho sin precedentes, durante la represión militar en Imbabura, el Ejército habría violentado la identidad cultural de dos ciudadanos kichwas al cortarles sus trenzas, símbolo de su pertenencia cultural. La comunidad de San Miguel del Común ha permanecido militarizada; militares han ingresado a las comunidades indígenas disparando armas de fuego y han lanzado gases lacrimógenos al interior de domicilios; ciudadanos con pelo largo han sido detenidos arbitrariamente, en una clara política de perfilamiento racial. Por otro lado, en las urbanizaciones de estratos ricos en Guayaquil, en procedimientos de seguridad respecto a posibles casos de narcotráfico, han ingresado en silencio, con las garantías legales del caso. No olvidemos el caso de cuatro niños afrodescendientes asesinados a manos del Ejército. Es claro que existe una política de represión racial.
Por último, la hipótesis que emerge es la intención del gobierno de Noboa de profundizar una economía extractiva en favor de su grupo económico familiar. En definitiva, lo que estamos atravesando es el fin de la democracia, la instalación de políticas de miedo con perfilamiento racial. (O)
