Es como puede describirse el resbaladizo piso de la gobernabilidad del país. La nueva mayoría parlamentaria, que fracasó en su intento de golpe de Estado, se ha afianzado con la elección de dos nuevos vicepresidentes de la Asamblea. Al frente del órgano legislativo hay un tridente de conspiradores para reanudar sus amagos desestabilizadores, accionado desde Bélgica y los páramos del Cotopaxi.

La aprobación de un inopinado proyecto de reformas a la Ley de Comunicación es aviso de que se perdió la batalla, pero no la guerra. La estrategia será persistir en una pugna de poderes para mantener de rodillas a un Gobierno urgido de reinventarse después del último paro.

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En la mesa de diálogo, el tema de focalización a los combustibles es el más engorroso. Las soluciones tecnológicas están disponibles a muy bajo costo —menos de un centavo de dólar por galón—, pero la definición tanto del precio de gasolinas y diésel como del sistema de subvención es un gran embrollo. Sin embargo, es preciso encontrar un punto medio que no termine de desquiciar las finanzas públicas a cuenta de que el petróleo es del pueblo.

En el marco de este escenario que pone contra las cuerdas al régimen, preocupa que la agenda-país sea impuesta por quienes perdieron las elecciones, dígase UNES y la Conaie (Pachakutik). Estos últimos, con una visión radical de protección al medioambiente, presionan por una restricción de las actividades petroleras y mineras, y a la vez por una amplia gama de programas asistenciales, sin plantearse, muy convenientemente, de dónde van a provenir esos recursos económicos.

Como reacción a estas imposiciones, que no tienen en cuenta a otros actores de la sociedad, el exalcalde Nebot ha puesto sobre el tablero político la conveniencia de un Estado federal, donde los indígenas resuelvan los problemas a su modo y que el resto pueda hacer libremente lo propio. Más allá de que encierra una señal de hastío por el carácter brutal de la protesta “pacífica”, actualiza un grave problema que se ha mantenido al margen del debate nacional: la obsolescencia de la relación del Gobierno central con sus contrapartes provinciales y cantonales. Y, aunque no se lo haya dicho en forma categórica, está quedada en el siglo XX.

El centralismo burocrático asfixia a los Gobiernos locales de tal modo que, exceptuando a las ciudades grandes y algunas capitales de provincias que tienen cierta capacidad de autogestión, el resto no son sino un puñado de menesterosos que hacen cola para recibir su dádiva. Y al encontrarse tan desarreglados los manejos del tesoro nacional, reciben los recursos que les pertenecen por ley tarde, mal y nunca. Pero no es solo un tema de las asignaciones, sino como son estas gestionadas, porque en la práctica muchos de estos GAD son meras agencias de empleo clientelar que consumen el noventa por ciento de su presupuesto en gasto corriente.

Sin mencionar el grave problema de la corrupción con la emisión de tasas injustificadas abusando de su capacidad coactiva. La vieja fórmula de lagarto que traga no vomita. (O)