La industria robótica crece al 14,2 % anual en hardware y 22,4 % en software de IA. Ya no es una amenaza futura; es un imperativo de inversión. El análisis financiero lo revela: un robot colaborativo (“Cobot”) de $ 40.000 reemplaza y es más productivo que tres turnos de trabajo humano ($ 15.000 anuales en promedio), por lo que el retorno de su inversión (ROI) sería inferior a 2,5 años.
Esta cifra fija un plazo de obsolescencia de 5 a 7 años para el modelo económico latinoamericano basado en mano de obra de bajo costo. El impacto real no será por el retorno de maquilas al primer mundo (un problema focalizado), sino una “pinza” devastadora sobre los dos pilares que sostienen a la mayoría de la población: automatización agrícola (AgTech) (drones y robots expulsarán a millones del campo) y automatización de servicios (ServiceTech), donde la inteligencia artificial y la robotización de procesos (RPAs) eliminarán empleos urbanos (BPO, retail, logística) que absorbían la migración rural.
Este doble impacto haría que dos corrientes masivas de desplazados (rurales y urbanos) compitan por los mismos empleos de subsistencia. Esto colapsará los ingresos de los informales (que ya son la mitad del empleo en LatAm), saturará la informalidad y exacerbará el descontento social.
En lo formal, la rigidez laboral del empleo estatal (maestros y médicos) paralizará la automatización en atención pública, escuelas y hospitales, al ser percibida como amenaza, estancando al Estado en una realidad fiscalmente insostenible. Por ello, se requiere una “transición negociada” que minimice el impacto que sobre el empleo ya tienda la crisis política y social antes que la tecnológica. La estabilidad laboral (no despidos) debe contemplar la recapacitación obligatoria y la redefinición total de roles. Un maestro no será reemplazado por IA, sino recapacitado como un “gestor” de aulas híbridas. El Estado debe financiar startups locales de EdTech y HealthTech que provean esta re-capacitación.
La saturación de la informalidad hará urgente ejecutar planes de contención social. La mayor precarización del trabajo informal obligará a brindar un sistema de salud y retiro a los 2/3 de la población que terminaría en la informalidad. Esta solución deberá incluir pilotos de Ingreso Básico Universal (IBU), para aprender a mitigar el deterioro social.
Los nuevos empleos que se creen (AgTech, ServiceTech, Integración), deberán contar con un marco legal paralelo que ofrezca flexibilidad y un seguro de desvinculación, dejando intactos los derechos adquiridos en el sistema antiguo. Se deberá fomentar fiscalmente la creación de Pymes tecnológicas (“integradores”) que automaticen a las Pymes agrícolas y de servicios, pues el futuro industrial de LatAm no está en fabricar robots, sino en el software y la integración. Además, que las Pymes agrícolas y de servicios cuenten con subsidios tipo “Mi primer dron” o “Mi primer sistema RPA”.
Las sociedades latinoamericanas tienen de 5 a 7 años para negociar exitosamente esta transición o exponerse al retroceso estructural y la ruptura social. (O)