Con frecuencia se menciona en el país que la inversión extranjera no supera $400 millones, mientras en millones México recibe $30.000; Chile, $22.000; Colombia, $17.000, y Perú supera los $11.000 anuales. La peor noticia es que no solo los extranjeros tienen recelo de invertir en Ecuador, sino que nosotros, los ecuatorianos, cada vez estamos mucho más temerosos de hacerlo. No es posible invertir en un país en el que se castiga a quienes venimos haciéndolo con fe y convicción desde décadas atrás.
A quienes hoy producimos más se nos agrupa en una categoría discriminatoria denominada “alto voltaje” y se nos conmina a un plazo de 18 meses en el que debemos producir nuestra propia energía; si no lo hacemos, nos desconectarán del suministro público. Y los puestos de trabajo que hemos creado con tanto esfuerzo deberán probablemente disminuir o desaparecer.
No es admisible desligarse de la obligación que tiene el Gobierno de honrar sus propios compromisos, de mantener la infraestructura necesaria en carreteras, puertos, suministro de energía, para que las empresas existentes puedan funcionar. Nosotros invertimos y hemos llegado a generar mayor producción y empleo, porque creemos en el país, confiamos en la energía que se nos aseguró existía y que era suficiente para hacerlo.
Pero peor aún: se ha vuelto costumbre cada dos o tres años recurrir a un sistema inconstitucional de imponernos una especie de doble tributación, de volver a gravar utilidades que ya tributaron en su debido momento. Se lo hizo con la ley de octubre de 2021, que nos obligó a pagar sobre ejercicios que ya habían tributado anteriormente. Hoy se lo ha hecho igual o similar al gravar nuevamente las utilidades retenidas que tengan los bancos o empresas en sus balances.
Es audaz, ilegal repetir varias veces la misma arbitrariedad. Las empresas que retienen utilidades o no las reparten totalmente deberían ser premiadas en vez de castigadas. Significa que están contribuyendo al futuro, al crecimiento y expansión de su negocio y del país; sin embargo, se hace lo contrario: se las penaliza. Igual que las que producen más, mayor volumen, a las que emplean más personal, las de alto voltaje, se las castiga obligándolas a generar su propia energía si pretenden continuar.
Todo está equivocado y se disimula la verdad. El Estado ha malgastado miles de millones en subsidios equivocados, en no hacer a tiempo la inversión en nuevas fuentes de energía, en no mantener ni aprovechar debidamente el potencial hidroeléctrico de esta nación, y lo poco realizado lo han hecho mal, como es el caso de la central Coca Codo Sinclair, a punto de colapsar.
Las inversiones en generación de energía deben ser libres, voluntarias, con base en incentivos y no como resultado de una obligación innecesaria. El Estado debe dejar de monopolizar sectores de inversión. En todo, en petróleo, transmisión, generación. Las empresas públicas deben ser eficientes, tener balances y estar sometidas al escrutinio público. ¡Que la sensatez prevalezca, que rectifiquen y se pueda confiar! (O)
