Al terminarse la pandemia, América Latina enfrentó el crecimiento de viejos problemas, entre esos la proliferación de nuevas formas de delito transfronterizo, el aumento de suicidios, la desocupación laboral y desajustes demográficos.
Los delitos, en su célula más mínima, son robos pequeños. En su forma más atroz son asesinatos y desmembramiento de personas. Junto a la violencia, Latinoamérica es la región donde crecen imparablemente los casos de suicidios. Terminar con la vida parece ser más apreciado, antes que la agonía de la lucha resiliente.
La desocupación laboral es un monstruo que crece imparablemente. Por un lado, los ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan) son parte de la población sin competencias y ahora con menos posibilidades de trabajo al exacerbarse la automatización y las aplicaciones de inteligencia artificial. Por otro lado, la población con mayor edad es despreciada, en lugar de valorarse por el aporte que dan a sus empresas e instituciones. Por todo aquello, nuestros países presentan un comportamiento preocupante, que se expresa en la baja de la tasa de natalidad. Mientras las abuelas tenían más de tres hijos, sus nietas piensan en tener máximo una mascota.
Siendo varios los frentes que cubrir, los Estados y sus Gobiernos deben decidir qué hacer con los grupos violentos, sanguinarios y delictivos. Y fue El Salvador quien optó por “encerrar” o aislar a quienes se los consideró miembros de grupos criminales; y al parecer las cifras dan cuenta del éxito de encerrarlos.
Siguiendo los pasos salvadoreños, Ecuador construyó una nueva prisión para enviar ahí a quienes son un peligro para la sociedad. De esto surgen dos preguntas. La primera es a cuántos se encerrará. La segunda: ¿será la medida del aislamiento la solución a la inseguridad y violencia?
Estas preguntas también se intentó contestarlas, a través de un clásico de la sociología titulado Las cárceles de la miseria, cuyo autor es Loïc Wacquant, aunque el texto es enorme y lo acompañan una serie de datos. En resumen, la idea del autor es que el Estado ya no busca rehabilitar a las personas, sino solo contenerlas.
Es decir, una vez ingresados en los sistemas de encierro, no se prevé un sistema de reinserción de esos ciudadanos a la sociedad. De ahí que quienes se vinculen a acciones delictivas y sean detectados posiblemente terminen encerrados sin esperanza de volver a reconstruir sus vidas.
Si junto al encierro no hay acciones de rehabilitación como educación, acceso al empleo y cambio de identidad, lo más probable es que una persona encarcelada disminuya su educación, se debiliten vínculos sociales positivos y su imagen esté tan deteriorada que su situación sea mucho peor que al inicio de su encierro.
Queda por saber a qué apuestan los Gobiernos. Porque si no hay rehabilitación, posiblemente, deben garantizar recursos para sostener a reclusos en modalidad de cadena perpetua y deben crearse estrategias para afrontar generaciones de familias resentidas. Pero, posiblemente, solo se esté encerrado a una parte insignificante de delincuentes; mientras otros, los de cuello blanco, siguen operando y opinando desde fuera del país. (O)
