Hoy escribiré esta columna, además de como articulista, como un esmeraldeño de corazón que lleva conociendo 29 años de su vida la problemática del agua potable. He visto pasar varios gobiernos de distintos colores, rojos, verdes, amarillos, naranjas, y en todos ellos no se ha solucionado de manera definitiva esta grave problemática que aqueja a la provincia. Mis padres padecían la falta del líquido vital, ahora la padezco yo, y al paso que vamos probablemente la padezcan mis hijos también.

Desde que poseo uso de razón, la provincia de Esmeraldas ha carecido de un sistema de agua potable y alcantarillado eficiente, correctamente dimensionado, funcional y que cumpla con las normativas nacionales e internacionales. La problemática que concierne a este incidente radica en lo siguiente: a) la carencia de las obras que proporcionan el servicio; b) la mala planificación; c) deficiencias de los estudios técnicos precontractuales; d) administradores sin criterio técnico ni administrativo, entre otros.

No obstante, hoy no quiero centrarme en las carencias técnicas que posee el sistema que actualmente se está implementando, como por ejemplo un sistema de monitoreo de las roturas en las tuberías, el sistema de control automático del proceso en sí, y ni hablar de la calidad de sus componentes. Hoy quiero que el país conozca cómo los propios esmeraldeños somos los que debemos pagar por los servicios asociados al mejoramiento del sistema de agua potable de Esmeraldas. Si cualesquier autoridad camina por las calles de la ciudad, podrá evidenciar que las calles quedan completamente destruidas cuando la empresa de agua potable hace algún arreglo sobre un desperfecto en su sistema, pues no asfaltan los lugares donde perforan el concreto o pavimento. Además, si se presenta un daño muchas veces es el pueblo el que debe comprar el material para que la empresa proceda al arreglo del desperfecto con el personal que posee.

Una empresa que maneja fondos públicos se ha acostumbrado a que sea el mismo colectivo esmeraldeño quien incurra en gastos para que ellos puedan realizar los servicios que deberían ser gratuitos, pues ya se cobra la planilla y las tasas respectivas. Nosotros como esmeraldeños exigimos que además del examen especial de contraloría se verifique la pertinencia de los estudios técnicos, el dimensionamiento del sistema propuesto, las funcionalidades con base en sistemas de igual o mayor capacidad instalados en otras provincias, los plazos contractuales, las garantías, las prórrogas y demás aspectos de la etapa precontractual y contractual. Esmeraldas no puede carecer más de este servicio y seguir teniendo autoridades que solo utilizan el problema como catapulta política para llegar a sus dignidades; y autoridades a nivel nacional que aunque es un problema visible, no actúan rápidamente para sancionar de manera ejemplar a quienes han jugado con la salud de los esmeraldeños. Hoy represento la opinión no solamente de quien escribe, sino de más de 2′000.000 de habitantes que estamos cansados de levantarnos sin agua, vivir sin agua y hastiados de la corrupción que alberga el tema del agua potable en Esmeraldas. (O)