En un panorama global marcado por conflictos geopolíticos y crecientes disrupciones del comercio, el país enfrenta una decisión que trasciende lo económico: definir cómo vincularse con Estados Unidos sin comprometer su capacidad productiva. Según se infiere de las opiniones del ministro de la Producción, era necesario firmar el acuerdo para blindar al país de exabruptos arancelarios y sobretasas. Resta el control de constitucionalidad, paso decisivo que determinará su viabilidad jurídica y su aplicación efectiva. Siendo así, el debate debe concentrarse en una cuestión de equidad: ¿fortalece el acuerdo la producción nacional o la debilita? Se dice que no es un instrumento profundo como un tratado de libre comercio, pero contiene disposiciones ambientales, laborales, de propiedad intelectual y otras, típicas de un TLC.
En un mundo donde las cadenas de suministro se interrumpen por guerras o tensiones políticas o catástrofes naturales, como acontece ahora, depender de importaciones por baratas que sean, no es eficiencia, es vulnerabilidad. La Constitución ecuatoriana establece con claridad una prioridad: la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la producción nacional, no como una expresión retórica, sino como un mandato. Un país que no produce todo lo que consume queda expuesto cuando el comercio deja de fluir con normalidad.
Avanzar hacia la aplicación del acuerdo sin salvaguardias adecuadas puede afectar al agro y por ende a industrias proveedoras de proteína animal como las populares avícola y la porcicultura, cuyo eje central es el maíz, que no puede ser afectado por competencia desleal, con importaciones distorsionadas o reemplazadas con trigo, con subsidios o siembras con materiales transgénicos como en maíz y soya, requiere condiciones que aseguren competitividad, no desplazamiento, por mínimas que parezcan las 250 t aceptadas para maíz, en la práctica desalientan las futuras siembras.
Bien ha señalado el régimen que el acuerdo está sujeto a perfeccionamiento, por lo que su validación constitucional no debería interpretarse como un punto final, sino como una base jurídica susceptible de ajustes. Este margen permitirá corregir asimetrías, incorporar salvaguardias productivas y garantizar coherencia con los principios constitucionales, escuchando la opinión de los agricultores. Es evidente que Ecuador no necesita aislarse, debe integrarse con inteligencia. Otros países de la región han logrado acuerdos que potencian exportaciones sin sacrificar su base productiva, es lo mínimo que se debe aspirar.
Una eventual aprobación constitucional no implica aplicación inmediata sin evaluación. Diferir su vigencia o avanzar en su perfeccionamiento sería una decisión responsable, permitiría medir impactos, fortalecer la producción y negociar mejores condiciones. Un acuerdo que no equilibre apertura con protección estratégica puede comprometer futuro productivo. Ecuador tiene ante sí una oportunidad: no solo implementar el acuerdo, sino perfeccionarlo. En tiempos inciertos, la verdadera fortaleza de una nación no está solo en lo que exporta, sino también en su capacidad de autosostenerse. (O)