En el 2006 los ecuatorianos estábamos hartos de la partidocracia. La inestabilidad política, de tres consecutivas presidencias inconclusas, y el largo dolor causado por la crisis de 1999 nos había hastiado. Un nuevo movimiento político aprovechó el descontento y nos prometió días mejores. Nos embarcó en una Asamblea Constituyente, donde hubo hasta denuncias de falsificación ideológica de los textos constitucionales. Sin embargo, la mayoría esperanzada en aquel cambio votó por su aprobación. La Constitución del 2008, si bien contiene avances en su parte dogmática, fue un corsé hecho a medida para el establecimiento de una autocracia. El hiperpresidencialismo autoritario, el estatismo y graves defectos en su modelo institucional, crean la Constitución del 2008, una particular herramienta pensada para un modelo político y económico que hoy es inviable.
Dieciocho años después, es imposible pensar que el Estado pueda ser el motor principal de la economía, cuando ni siquiera tiene para pagar puntualmente sus obligaciones. Es inadmisible que se pueda mantener un modelo excesivamente burocrático, lleno de mecanismos de control sobre la sociedad y de entidades que solo cumplen con el objetivo de torturar con engorrosos trámites y multas al ciudadano. Los altos cargos deben ser llenados mediante mal llamados “concursos de merecimiento y oposición”, los cuales están muchas veces amañados. Incluso a veces no se realizan, dejando en los puestos a sempiternos encargados. Tampoco se puede mantener un hiperpresidencialismo autoritario, que permite a un Ejecutivo dictatorial gobernar a espaldas de la sociedad civil y sin consensos, únicamente a base de imposiciones a través del aparataje persecutorio estatal. Es peligroso mantener vivo aquel modelo, que podría volver a caer en manos de algún político con aires de rey.
Por esto que cada vez se hace más evidente la necesidad de una nueva Constitución, que sea acorde con la situación actual y compatible con el desarrollo de una verdadera democracia moderna. En donde prevalezca el equilibrio y separación de poderes, siendo que lo técnico y científico se impongan ante la politiquería y los mezquinos intereses. La salida se encuentra en el artículo 444 de la actual Constitución, debería convocarse a una nueva Asamblea Constituyente, pero esta vez la forma de elección y reglas del proceso deberían incluir normas diferentes. Por ejemplo, se podrían agregar mayores requisitos para ser asambleísta o asignar un número de legisladores funcionales. Podría también designarse una comisión jurídica asesora que elabore un anteproyecto de nueva Constitución. Lo cierto es que nuestro actual sistema político no aguanta más y se necesita urgentemente un nuevo pacto social. (O)
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Carlos Andrés Robalino Luque, abogado, Guayaquil
