Hay alrededor de 1.980 unidades de buses urbanos en Guayaquil y 3.000 en Quito, donde hay que declarar la emergencia en movilidad.
Acá en la capital somos testigos de las barbaridades que hacen los conductores de buses. La tarifa aumentada no va a resolver el maltrato si no existe despido de los conductores que atentan contra la seguridad de los peatones, usuarios y vehículos y motos particulares. Si ya no va a haber compensaciones para el transporte urbano, el Municipio, que debía haber siempre manejado la red de transportes urbanos, como lo hace con la Ecovía, el Trole y el Metro, debe subsidiar este aumento –como política pública– y ojalá negociar con los buses de cooperativas privadas que con un solo pago pueda usarse, ya con la implementación de la ‘caja común’, cualquier unidad de transporte urbano para movilizarse a otros puntos, algo que ya ocurre con el sistema integrado que utilizan las terminales adonde arriban las unidades del Trolebús o Ecovía en la Río Coca, en la Marín o en Quitumbe. Y los buses, ahora sí, incluir rampas para personas con movilidad reducida, así como facilidades para personas invidentes y sordas.
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No basta con las sanciones administrativas que alcanzan las ocho remuneraciones básicas unificadas. Debe buscar retirarse la frecuencia a la cooperativa cuyas unidades reiteran las infracciones de tránsito. Es hora de poner un alto a los abusos.
Es tiempo de eliminar cualquier pretexto para mejorar, en especial en Guayaquil y ciudades de la Costa, donde el servicio urbano debe contar con aire acondicionado, como debía haber ocurrido en el Metro de Quito.
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Finalmente, además de los controles de emisiones contaminantes, posteriores a la revisión vehicular, el Gobierno podría asignar un policía en cada unidad de transporte para al fin contar, en todo el país, con transporte colectivo seguro, que disminuya el uso de los automóviles particulares. (O)
Diego Fabián Valdivieso Anda, economista, Quito
